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Unidad Investigativa
EL INFORMADOR
En lo que podría considerarse una estocada final al presupuesto municipal el alcalde del municipio de Sitionuevo, Magdalena, Alfredo Navarro Manga, suscribió un contrato para la adquisición del parque automotor de la Policía que presta el servicio de seguridad en esa localidad ribereña, a todas luces con sobrecosto, lo cual evidencia un presunto hecho de corrupción, con implicaciones disciplinarias y penales.
Con fecha 17 de diciembre de 2024, el alcalde Navarro Manga suscribió con Alba Delgado Pérez, en representación de Gama Automotores S.A.S., el contrato de suministro MS-SASI-002-2024, con el objeto contractual: “Adquisición de vehículos uniformados para reforzar las actividades de vigilancia, seguridad y convivencia ciudadana de la Policía Nacional en el municipio de Sitionuevo, Magdalena”, por la suma de 1.013 millones 946.205 pesos, equivalentes a 779,95 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2024.
Contrato suscrito por el alcalde saliente de Sitionuevo, Alfredo Navarro Manga, por la suma de $1.013.945.205 para la compra de seis motocicletas y una camioneta para patrullajes y vigilancia de la Policía en el municipio.
La firma de ese contrato se produjo un mes después de que la Sección Quinta del Consejo de Estado diera a conocer el fallo de segunda instancia que revocó la sentencia del 10 de julio de 2024 del Tribunal Administrativo del Magdalena, negó las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de la elección de Alfredo Navarro Manga como alcalde del municipio.
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Hasta esa fecha todo parecía normal, pero ayer al producirse la entrega a la Alcaldía de los vehículos comprados, salieron a relucir detalles que evidencia corrupción en el proceso de contratación de su adquisición, pues el contrato estable la compra de 6 motocicletas y una camioneta pick up doble cabina, tracción 4×4 con trasmisión mecánica y combustible diésel; para el caso de las motos con sus respectivos accesorios, pintura, mantenimiento preventivo por 24 mil kilómetros, y para la camioneta adhesivos de emblemas, vidrios polarizados con sus respectivos accesorios y mantenimiento preventivo por 2 años o por 50.000 kilómetros.
El análisis y estudio de mercado arrojó que el valor máximo de una moto con las especificaciones técnicas exigidas por la Policía Nacional a través de la resolución 02842 de 2021, no supera los 50 millones de pesos, mientras que la camioneta está en el orden de los 170 millones de pesos dependiendo la marca. No obstante, el contrato firmado por el alcalde Navarro Manga no establece ni el valor ni las especificaciones técnicas que deben tener este tipo de vehículos para patrullajes, que incluye zona rural de los municipios, que en el caso particular de Sitionuevo en su mayoría es de difícil acceso.
Esta es una de las motocicletas adquiridas por el alcalde Navarro Manga, sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas reglamentadas por la dirección nacional de la Policía. La otra es la moto exigida por la institución.
Según el contrato, cada moto habría costado alrededor de 120 millones de pesos, el doble del precio máximo estimado para cada, lo que sumaría un total de 720 millones, mientras que la camioneta habría costado alrededor de 294 millones, casi el doble del precio de la camioneta de ese tipo más costosa en el mercado de autos, lo cual evidencia un sobrecosto abismal, susceptible de investigación por parte de los organismos de control. (ver foto de moto comprada)
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¿Recibirá la Policía?
Las motos que ya llegaron al pueblo y entregadas a la Alcaldía con su respectivos distintivos y accesorios, fueron entregadas protocolariamente a la estación de Policía del municipio, pero trascendió que el comandante de Metropolitana de Santa Marta, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, habría anunciado que no recibiría de manera oficial dichos vehículos, ante las presuntas irregularidades cometidas en su adquisición.
Aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial del coronel Duarte, la posición asumida por el oficial sería la más correcta pues estaría incurriendo en una conducta penal y disciplinaria omisiva al aceptar la adquisición de vehículos con sobrecosto y el incumplimiento de las especificaciones técnicas regla-mentadas por la Dirección Nacional de la institución.
