Reducir a la mitad la producción de petróleo y carbón en el país para poder identificar los desafíos que se tendría en la administración pública entre el 2023 y el 2030 generaría unos 362.000 desempleados, una situación que podría corregirse con un menú de alternativas que incluso contempla subsidios directos.
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Así lo dice un informe de una alianza entre el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y cuyos resultados fueron presentados para determinar el efecto en el mercado laboral y el sistema de seguridad y protección de Colombia.
“Este estudio que se ha desarrollado para poder determinar los elementos que nos permitan evaluar estos impactos es parte de la apuesta del DNP por generar estas discusiones de país sobre el cambio climático. Colombia tiene obligaciones muy serias con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional que nos permiten tomar decisiones para que se haga una transición energética de mediano y largo plazo”, indicó el director (e) del DNP, José Alejandro Herrera Lozano.
Se presentan los mecanismos de transmisión y posibles efectos de una política orientada hacia la transición de una economía dependiente de sectores extractivistas, por medio de una reducción en la producción de petróleo y carbón.
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El subdirector de Estudios Macroeconómicos Sectoriales y de Regulación del DNP, Gustavo Hernández, explicó que la transición hacia una economía baja en carbono trae como consecuencia un cambio estructural para la economía, que afectan la forma de producción, la generación del ingreso de las personas.
Raúl Holz, oficial de la División de Desarrollo Social de la Cepal, dijo que “las principales conclusiones que destacamos es que la dimensión económica, medioambiental y social deben tomarse conjuntamente para estar en línea con la visión de la agenda 2030”.
El director de Desarrollo Social del DNP, Horacio Coral, dijo que “el país puede irse anticipando con estructuras de protección social y se pueden tener como alternativas algunos programas de transferencias monetarias, así como de formación para el trabajo para hacer el ajuste en las actividades económicas de las regiones donde el sector extractivo tiene alta participación y puedan hacer tránsito al empleo verde”.
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El estudio tomó como referencia los departamentos carboníferos del país (Cesar, Córdoba, La Guajira y Norte de Santander) y los departamentos petroleros (Arauca, Casanare, Meta, Santander y Putumayo).
Carbón
Diego Santacruz / EL TIEMPO
La elaboración del estudio se basó en dos modelos que permiten desarrollar un escenario antes de la implementación de las acciones de las políticas.
El análisis partió de la premisa de reducir a 50% la producción de petróleo y carbón para analizar qué tipo de medidas gubernamentales se podrían adoptar entre este año y el 2030.
Lo anterior permite identificar las áreas en las que el Gobierno podría y debería intervenir para mitigar los efectos que se encuentran en la simulación de los escenarios planteados por los expertos.
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El informe dice que el efecto en los departamentos petroleros es una caída en la producción de crudo del 12,1% y una pérdida de 117.000 puestos de trabajo.
Para los departamentos productores de carbón el impacto es de una reducción del 11,8% en la producción y una eliminación de 145.000 empleos.
De acuerdo con el informe, la simulación en este escenario también permite establecer una estimación sobre el impacto en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) si se redujera a la mitad la producción de petróleo y carbón en el país y en el que se estima que puede retroceder en un 3,5% si no se hace de manera gradual.
En cuanto a la pobreza, el efecto que encuentra el estudio es que la pobreza moderada podría llegar a aumentar 3,26% y la pobreza extrema 1,40% para el primer año del análisis de este modelo.
El estudio explora las posibilidades de implementar algunas políticas de mitigación para contrarrestar los efectos que se generan en el escenario de una reducción a la mitad de la producción de petróleo y carbón.
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En ese sentido, desde el Gobierno se deben buscar incentivos para incrementar la producción en el sector agrícola, agroindustria y turismo, a nivel departamental.
Por ejemplo, dice el informe, al aumentar la oferta de empleo en la agricultura, industria y turismo se estima que de los 117.000 empleos que se dejarían de tener en el sector petrolero, pueden generarse hasta 93.000 puestos de trabajo que compensaría y brindarían nuevas oportunidades a los trabajadores.
En el sector del carbón, de 145.000 empleos que se perderían, se compensarían con los hasta 120.000 que se generarían si se incentiva el sector agrícola, agroindustria y turismo.
Así, los empleos netos perdidos al descontar los que se pierden con la disminución en petróleo y carbón y los que se crearían en los sectores agrícola, agroindustrial y turismo serían 114.995.
Subsidios directos a los afectados
Para los puestos que no se logren absorber en el sector agrícola, agroindustrial y turismo se podrían focalizar recursos a los trabajadores por $1 millón y apoyos en la capacitación de nuevas actividades más sostenibles.
Las medidas deben incluir todos los sectores y se recomienda considerar sectores que indirectamente son fundamentales, como los cuidados, educación, salud, entre otros y una política enfocada al desarrollo de los sectores de la agroindustria y el turismo ayuda a mitigar la reducción en la producción y el empleo a nivel regional.
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