En Colombia solo 381 municipios tienen autoridad regional de tránsito y esto lleva a que el control sobre la seguridad vial y el evitar accidentes, que cada año le cuestan a Colombia más de 7.000 vidas, sea una tarea compleja.
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Así lo explica la directora Técnica del Simit, Sandra Milena Tapias, al señalar que desde mañana se reunirán todas las autoridades regionales de tránsito del país con representantes del Gobierno para empezar a estudiar unos cambios que esperan lleguen a una modificación en el Código de Tránsito y en Estatuto de Transporte.
Lo harán en el marco del 10º Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad 2022.
Entre los grandes cambios que se esperan está el que se logre concretar la propuesta del ministro de Transporte, de asignar en algunos municipios la función de autoridad regional de tránsito a la Policía Nacional, para aumentar la cobertura de las normas de seguridad vial en cada municipio del país.
Pero también los municipios trabajan para que la Ley de Patios sea expedita y funcional, pues en la actualidad los patios de vehículos con infracciones se han convertido en cementerios de vehículos y el exceso de burocracia normativa hace que sea casi que imposible subastar o chatarrizar las máquinas que allí se almacenan.
La directora técnica explica que las autoridades regionales de tránsito también trabajan sobre el Estatuto de Transporte en aras de tener unas especificaciones técnicas sobre el tipo de vehículos de carga que pueden circular, sus capacidades y las motorizaciones que deben tener.
Y explica que todos esos temas se abordarán en un gran taller en el que trabajarán para entregar un documento completo que permita construir desde las regiones lo que deberían ser los cambios a estas importantes normas.
$8,9 billones para las regiones
Desde que se creo el Sistema Integrado de Información sobre las multas y Sanciones por infracciones de Tránsito (Simit) en 2002 a la fecha, y con corte a agosto pasado, se han recaudado por concepto de infracciones $8,9 billones, que son distribuidos entre los municipios en donde las infracciones fueron cometidas y con destino a las Dirección Nacional de Tránsito cuando las multas son en vías nacionales, y un porcentaje para el Simit co administrador y girador del sistema.
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Así las cosas cuando la infracción es cometida en un municipio y es impuesta por la autoridad de ese municipio el 90% de los recursos va a esa entidad territorial.
Cuando la infracción es cometido en vía nacional con jurisdicción de un municipio pero por autoridad vial de la Policía de Carreteras, el recaudo va el 45% a la Dirección de la Policía de Tránsito y el otro 45% a las arcas del municipio.
Igualmente, Sandra Milena Tapias señala que en el año en Colombia se imponen tres millones de comparendos y de esos solamente entre un 45 o 50% se paga y esa es la cantidad que se transfiere.
La directiva agrega que hoy cuando un vehículo comete una infracción en una región diferente a la que reside, puede hacer el pago en la ciudad de residencia y el Simit hace el traslado de los recursos.
Sobre el tema de las fotomultas hay mucha confusión y hay personas que creen que el sistema no está operando, llevándose desagradables sorpresas cuando son requeridos o les llega la notificación por infracciones reportadas con cámaras.
“Lo que dijo la Corte es que se debe identificar a quien conduce”, aclara. Y muchos de los equipos instalados ya lo hacen, “no es que no se puedan aplicar fotomultas, es que se debe identificar al conductor”, destaca la experta.
A la cita en Cartagena acudirá el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González; la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias y el Brigadier General. Wilson Javier González Delgadillo, director de la Dirección de Tránsito y Transportes de la de la Policía Nacional, entre otros funcionarios.
Además estarán las autoridades de tránsito de los 381 municipios y algunos alcaldes que se han vinculado al evento.
De llegar a buen puerto la propuesta del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, sobre delegar a la Policía la autoridad de tránsito en los municipios que hoy no la tienen, significaría para esas regiones la llegada de una fuente adicional de recursos por cuenta de las infracciones de tránsito.
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