En octubre del 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa interpuso una acción de tutela, en representación de nueve mujeres periodistas, en la que sostenía que la violencia en línea por parte de actores políticos causaba un impacto negativo sobre la libertad de expresión. Este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a la organización, reconociendo que en el país existe un ‘marcado patrón de violencia en línea contra mujeres periodistas’.
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