El marco normativo para la operación con criptoactivos en el país todavía es un proyecto en trabajo. Lo primero es la expedición de normas para las plataformas en las cuales se realiza la negociación de los activos digitales.
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Recientemente, la Superintendencia Financiera publicó un proyecto de circular externa en el que se imparten instrucciones relativas a la vinculación y prestación de servicios a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Este prototipo se basó en los resultados de un pilo que se hizo con la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación Digital, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el Banco de la República, la Unidad de Regulación Financiera (URF), la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
El proyecto adelantaba pilotos en cuanto a operaciones de depósito y retiro con plataformas de intercambio de criptoactivos (exchanges) mediante productos de depósito de entidades vigiladas.
Hasta el momento la Superintendencia Financiera no realiza ningún tipo de supervisión a los proveedores de servicios activos virtuales ni las actividades que estos desarrollan. Por ello, en su proyecto proponen un marco para que las entidades vigiladas por dicha entidad, hagan alianzas o vinculen proveedores para adelantar una evaluación previa y verifiquen que:
-Haya acceso al sistema de reportes de la UIAF
-Un sistema de administración del riesgo de lavados de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
-Condiciones tecnológicas y operativas para realizar la trazabilidad de las transacciones con activos virtuales
-Capacidad para brindad a los clientes información sobre su razón social, canales de atención, activos respecto de los cuales presta sus servicios, riesgos de estos, cosas y tarifas
-Sistema de administración del riesgo operacional y de ciberseguridad así como con herramientas tecnológicas idóneas para gestionar el riesgo.
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Asimismo, el proyecto expone que las entidades vigiladas por la SFC no son responsables de los riesgos o resultados de las operaciones con este tipo de proveedores. Por eso exigen que se informe de forma clara y oportuna el alcance de sus competencias.
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