La Fiscalía les imputó los delitos de terrorismo, daño en bien ajeno agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a cuatro personas, que serían las responsables de los actos vandálicos ocurridos el 2 de mayo de 2021, en Acacías (Meta), en los que fue quemada la sede de la Alcaldía Municipal.
Los afectados con la decisión son: Juan Andrés Romero Ramírez, John Fredy Poveda Alférez, Julio César Gómez López y Santiago Andrés Villamizar Moreno.
Abundante evidencia fílmica y otros elementos de prueba permitieron establecer que estos hombres habrían ingresado violentamente a las instalaciones públicas, destruido con objetos contundentes la reja de protección del acceso principal, rociado gasolina en los pasillos y prendido fuego.
La acción ilegal generó daños de consideración en el primer piso y en el mobiliario de la alcaldía. Adicionalmente, fueron quemados algunos archivos de la Oficina de Cobro Coactivo. Varios documentos no pudieron recuperarse.
En ese sentido, un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a los procesados los delitos de: terrorismo, daño en bien ajeno agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Los cargos no fueron aceptados.
Tres de los investigados fueron capturados en diligencias realizadas por el CTI de la Fiscalía y unidades de la SIJIN de la Policía Nacional en Acacías (Meta), uno más fue detenido en Villavicencio.
Esta información se publica por razones de interés general.
CMRM/JARG/HOT/MRC
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
