Los procesados también estarían implicados en los homicidios de tres líderes sociales en 2020.
Por solicitud de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a cuatro presuntos integrantes de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, que estarían involucrados en homicidios múltiples y otras conductas delictivas en Huila.
La medida afecta a: Óscar Castro Perdomo, alias El Cucho Óscar; Iván Soria Ortiz, alias El Tío; Humberto Buitrago Rojas, alias Tocayo; y Brahian Alexander Llanos Ortiz, alias Wasson.
Estos hombres habrían participado en el asesinato de nueve personas, el 31 de mayo de 2021, en una finca de la vereda Quebradón Sur, en Algeciras (Huila). El material de prueba da cuenta de que un grupo armado ingresó al inmueble, sometió a las víctimas y les disparó.
Las evidencias recopiladas también los vincula al crimen de tres líderes sociales, Mireya Hernández Guevara, Saúl Rojas González y Gentil Pasos Lizcano. Las acciones ilícitas ocurrieron en distintos puntos de Algeciras, entre enero y julio de 2020. De igual manera, se les atribuye cuatro homicidios de civiles conocidos en julio de 2020 y junio de 2021.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y concierto para delinquir agravado.
‘El Cucho Óscar’, ‘El Tío’, ‘Tocayo’ y ‘Wasson’ fueron capturados en un procedimiento conjunto realizado por la Fiscalía y el Ejército Nacional en Algeciras y Saladoblanco (Huila).
Esta información se publica por razones de interés general.
AMCJ/JARG/AA/UEI/
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
