Por solicitud de la Fiscalía un juez de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander) impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de tres presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como Los Bolivarianos, dedicados al hurto y a la extorsión a comerciantes de esta ciudad.
Los afectados con la decisión son Yuseidy Mariana Torrealba Acosta, Kerwin Pacheco y Wolfang Viamonte, judicializados por los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada, hurto calificado y desplazamiento forzado según su responsabilidad.
De acuerdo con las investigaciones, los procesados al parecer en cuatro oportunidades le habrían cobrado al dueño de un billar, ubicado en la Avenida 6 de esta ciudad, 100.000 pesos para no atentar contra su negocio. Se trata del mismo comerciante al que el 6 de febrero del presente año, tras intimidarlo con armas de fuego, le hurtaron 6 millones de pesos.
Otro de los hechos investigados ocurrió en junio de 2022 cuando Wolfang Viamonte y Yuseidy Mariana Torrealba Acosta, al parecer, despojaron de su propiedad a un desplazado a quien estarían exigiéndole el traspaso del mismo.
Labores de policía judicial permitieron evidenciar, además, cómo los integrantes de esta organización delincuencial ubicaban a víctimas para hurtarles sus automotores. Las contactaban a través de llamadas telefónicas.
Los procedimientos de captura de los tres procesados fueron adelantados por la Policía Nacional este 28 de agosto mediante orden judicial, luego de ochos meses de investigación.
A la Cárcel Modelo de esta ciudad fueron trasladados los investigados para cumplimiento de orden de detención emitida por el ente juzgador.
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La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
