La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra la ciudadana venezolana Gladys Josefa González Calderas, de 35 años; y su esposo, colombiano, Juan Diego Cardona González, de 27.
Las dos personas fueron capturadas en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia) cuando llegaban procedentes de Miami, Florida (Estados Unidos) donde, al parecer, estaban radicados desde el 2021.
Estas acciones fueron adelantadas por servidores de la Policía de Infancia y Adolescencia que estuvieron apoyados por la agencia norteamericana HSI/ICE.
Según la investigación, adelantada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), entre los días 10 y 25 de agosto de 2016 González Calderas y Cardona González habrían encerrado en dos inmuebles de la capital antioqueña, con fines de explotación sexual comercial, a 8 mujeres y 1 hombre.
El material probatorio recaudado evidenció que los investigados habrían aprovechado los escasos recursos económicos y la poca formación educativa de las víctimas; una de ellas de 14 años, para inducirlas a la prostitución.
También se constató que la pareja se habría quedado con la mayoría del dinero producto de la actividad ejercida por las nueve personas, aduciendo que debían pagar una supuesta deuda.
El operativo de rescate de los nueve ciudadanos fue adelantado por la Policía Nacional el 25 de agosto de 2016, y se cumplió en dos apartamentos del occidente de Medellín donde habrían permanecido encerradas las víctimas.
Por estos hechos la Fiscalía imputó a los capturados los delitos de trata de personas y trata de personas agravada; cargos que no fueron aceptados.
La defensa apeló ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín la medida privativa de la libertad impuesta.
LFML/MAGA/EP/DSM.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
