Nueve presuntos implicados en la comercialización de sustancias estupefacientes, en la modalidad de menudeo, fueron vinculados a una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.
A petición de un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Cauca, un juez de control de garantías envió a la cárcel a: Carlos Oliver Garzón García, Alexánder Antonio Salazar, Dairo Braulio Naucil Díaz y Jhon Sebastián López Prado.
Asimismo, deben cumplir la medida privativa de la libertad en sus lugares de residencia: Cristian Camilo Suárez Jalvin, Cristian David Ordoñez Cerón, Cristian David Montoya Vélez, Kevin Andrés Muñoz Rodríguez y John Arley Becerra Garzón.
Según la Fiscalía, estas personas serían integrantes del grupo delictivo ‘Los Fonte’ que delinquen en la base de El Morro de Tulcán, vías de El Rincón Payanés y en las inmediaciones del Museo de Historia Natural de Popayán.
Las labores de policía judicial evidenciaron que dicho grupo delictivo, al parecer, utilizaba menores de edad para la comisión de las conductas ilícitas.
Personal de la Sijin de la Policía Nacional, en diligencia de registro y allanamiento, capturó con orden judicial a los imputados. La Fiscalía imputó cargos por los delitos de utilización de menores de edad para la comisión de delitos, así como tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado a Becerra Garzón, López Prado, Díaz, Salazar y Garzón García.
A los cuatro restantes, la Fiscalía les imputó tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado.
Ninguno de los investigados aceptó cargos.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAP/MAGA/GAMM/DSC
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
