A mediados del pasado mes de octubre la Revista Semana publicó una investigación del periodista Alberto Donadio, titulada: ‘En Guainía, doce sentencias por corrupción’, en la que da cuenta de la rampante corrupción que hace años afecta al departamento de Guainía. Según el informe, cinco exgobernadores han recibido doce sentencias por delitos contra la administración. Curiosamente, ninguno de los implicados es oriundo de la ‘Tierra de muchas aguas’.
En este artículo no están incluidos los casos de Óscar Rodríguez (gobernador entre 2012 – 2015) y Javier Zapata (gobernador 2016 – 2019), protagonistas del escándalo más reciente y de mayor desviación de recursos en el departamento. Rodríguez y Zapata se encuentran en la cárcel, pero aún no han recibido sentencia.
Arnaldo José Rojas Tomedes
Semana relata que Arnaldo José Rojas Tomedes, un abogado que nació en Orocué Casanare, gobernador entre 1998 y 2000, “ha sido condenado en cinco ocasiones por la Corte Suprema de Justicia, la más reciente en 2022. Fue condenado este año a 58 meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Rojas Tomedes recibió 206 millones de pesos en regalías para el control de la contaminación con mercurio en pequeña minería. Los contratos celebrados con ese dinero presentaron distintas anomalías. Uno se firmó con un menor de edad, otro se pactó con un contratista llamado personalmente por el gobernador, y en otro más la contratista afirmó que el contrato se lo ofreció el novio de una prima”.
La revista precisa que “en 2008 Rojas Tomedes fue condenado a diez años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y peculado por apropiación. Firmó tres contratos por 117 millones de pesos para la remodelación del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, en Inírida, en la que hubo sobrecostos por 46 millones de pesos. Además, los contratistas eran ficticios. Los reales eran dos diputados que no podían contratar. Se presentó un testaferro contractual, según el fallo. Los servidores públicos no pueden firmar contratos con entidades oficiales. Un contrato se firmó con un cuñado del diputado Harry José Bustamante Fernández. Este y el diputado Gildardo Sánchez recibieron 32 millones de pesos de los sobrecostos”.
Además, “por los mismos contratos de remodelación del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento por los que fue condenado en 2008, Rojas Tomedes ya había sido condenado en 2005 por la Corte Suprema de Justicia a 60 meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Se fraccionó en tres lo que era un solo contrato a fin de evadir la licitación. El propósito de Rojas Tomedes fue “favorecer con la contratación a terceros, inhabilitados para contratar”, señaló la sentencia”, se lee en el informe periodístico.
Semana también detalla que “en 2007 la Corte Suprema de Justicia sentenció a Rojas Tomedes a ocho meses de arresto por el delito de peculado culposo. El entonces gobernador autorizó en 1998 un pago de 65 millones de pesos a una entidad que había demandado al departamento, pero la deuda de capital era de solo 52 millones de pesos. La autorización se dio de “forma negligente, ligera y descuidada, con notable menoscabo a los intereses patrimoniales del Departamento del Guainía”, pues “el acusado observó en este caso un desgano y una incuria impropios de un administrador diligente y prudente”, indicó el fallo”.
En 2006, indica Semana, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 66 meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. “Rojas Tomedes fraccionó varios contratos para eludir la licitación pública. Se gastaron 542 millones de pesos a fin de ampliar la cobertura de energía eléctrica en el casco urbano de Inírida, pero la inversión se dividió en 11 contratos para evitar la licitación pública. Todos se firmaron con el mismo contratista, El Poder Eléctrico de la Doce, y todos en la misma fecha, salvo uno. La propietaria de otra empresa eléctrica que apareció presentando ofertas en todos los contratos dijo que el papel membrete no era el de su compañía. La contratista de un contrato de suministros prestó su nombre, pero lo ejecutó su suegro, “a quien se lo adjudicó como compensación por la colaboración que le prestó [a Rojas Tomedes] en las actividades proselitistas que lo condujeron a la gobernación”, señaló el fallo”.
Carlos Omar Avilán Prada
A Carlos Omar Avilán Prada, un ingeniero de sistemas nacido en El Espinal en 1961, le bastaron cinco días como gobernador encargado para ejercer actos de corrupción. Avilán reemplazó en ese corto periodo a Arnaldo José Rojas Tomedes.
Avilán Prada fue condenado en 2003 por la Corte Suprema de Justicia “a cuatro años y nueve meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Avilán Prada, que era funcionario de la Secretaría de Obras Públicas, compró siete computadoras por 35 millones de pesos. Resultaron defectuosos, no eran originales y su precio era superior al del mercado. El contratista era ficticio. Por prestar el nombre recibió 200.000 pesos de un maestro del departamento que estaba inhabilitado para contratar. “El procesado obró dolosamente en toda la cadena comportamental”, según el fallo”, dice el artículo periodístico.
Efrén de Jesús Ramírez Sabana
Otro de los gobernadores guainianos involucrados en escándalos de corrupción es Efrén de Jesús Ramírez Sabana, gobernador entre 2004 y 2007, administrador público nacido en Carurú, Vaupés, en 1964.
El informe de la Revista Semana detalla que “fue condenado en primera instancia en abril de 2022 por la Corte Suprema de Justicia a 88 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Se encontraron irregularidades en 30 contratos. Dos contratistas que eran panaderos de profesión se comprometieron a entregar 16.500 galones de ACPM, que no suministraron. También se presentaron como proponentes ficticios en un contrato de compra de elementos de aseo. Un contrato de inmunización por 730 millones de pesos se liquidó sin que se hubiera cumplido en su totalidad. Un contrato de 28 millones de pesos para transporte de maestros por río hasta Inírida fue en realidad una negociación ficticia en la que el contratista entregó el dinero a empleados de la Gobernación”.
Adicionalmente, dice Semana, “Ramírez Sabana fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en primera instancia en junio de 2022 a 60 meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.
Otras de las irregularidades cometidas por el exgobernador tienen que ver con que “contrató el suministro de varios miles de refrigerios que costaron 20 millones de pesos usando dineros de la salud; adjudicó a dedo un contrato de alimentación del hospital de Barrancominas; y compró alimentos a diversas personas que no tenían ese negocio. Ramírez Sabana “manejaba a su arbitrio” la contratación, según el fallo. “No hay duda en cuanto al proceder doloso del exgobernador”, anotó la Corte Suprema de Justicia”, detalla el artículo periodístico.
Iván Vargas Silva
Iván Vargas Silva, nacido en 1965 en Boyacá y elegido para gobernar el departamento entre 2008-2011, “fue condenado en 2011 por la Corte Suprema de Justicia a 66 meses de prisión por el delito de corrupción de sufragante”, precisa el artículo de Semana.
La revista bogotana detalla que “en las elecciones de 2007 ordenó que empleadas de un almacén de su propiedad entregaran dinero a potenciales votantes, en su mayoría indígenas. A una familia le ofreció un motor fuera de borda para que votara por él. Vargas Silva no respetó el derecho de las comunidades indígenas a elegir gobernante, sino que se aprovechó “de las evidentes condiciones de inferioridad económica, intelectual y de formación política de sus miembros”, según el fallo”.
Humberto Tovar Herrera
Humberto Tovar Herrera, gobernador entre 1995 y 1997 e ingeniero civil de La Dorada (Caldas), “fue condenado en 2002 por la Corte Suprema de Justicia a cuatro años y medio de prisión por peculado por apropiación y prevaricato. Firmó varios contratos con sobrecosto. La compra de plantas eléctricas y motobombas implicó un sobrecosto del 85 por ciento. En la compra de papelería y elementos de oficina hubo una sobresaturación del 83 por ciento. Indicó el fallo: “Humberto Tovar Herrera se apropió dolosamente de recursos del Guainía, favoreciendo a los contratistas Guillermo Martínez Castillo, Rubén Darío Rivera Sanabria, Iván Zuleta y Walter Polidoro Lara Lemus en perjuicio del erario público”. Se le condenó por prevaricato porque aprovechando una emergencia en los servicios públicos de Inírida utilizó el presupuesto para gastos que no tenían relación con ese hecho, como dotación de inmuebles, auxilios funerarios, celebración del Día del Campesino y bonificaciones por ascensos”.
Semana relata que “en 2004 Tovar Herrera también fue condenado por los delitos de falsedad ideológica en documento público y contrato sin requisitos legales a 75 meses de prisión. En la compra de un generador eléctrico hubo un sobrecosto del 51 por ciento; en la compra de repuestos se allegaron propuestas que no eran reales; en la venta de tubería apareció la cotización de un indígena dedicado a la pesca que negó haberla firmado. “En este caso la falsedad no se dio en la suscripción del contrato, sino en unos elementos que son básicos para materializar la contratación, como son las cotizaciones”, según el fallo. Tovar Herrera “tenía pleno conocimiento de que las cotizaciones que se acompañaron a los mencionados contratos eran falsas””.
Además, precisa la revista bogotana, “una tercera condena de 64 meses de prisión contra el exgobernador se dictó en 2007 por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Tovar Herrera firmó un contrato de 32 millones de pesos para la construcción de un puente de madera de 42 metros de largo para favorecer a una diputada y a su esposo. Se presentó un testaferro contractual, pues el contratista declaró que por amistad prestó su nombre ante el impedimento de la diputada y que los dineros del contrato los entregó al cónyuge de la misma”.
