Las propiedades afectadas con fines de extinción de dominio están ubicadas en Bogotá y superan en valor los 26.400 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, ocupó 12 inmuebles urbanos, 4 sociedades y 1 establecimiento de comercio en Bogotá, que habrían sido usados para el almacenamiento o venta de mercancía de contrabando.
Los predios, avaluados en más de 26.400 millones de pesos, fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
La labor investigativa realizada por la Fiscalía, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), evidencia que los bienes fueron objeto de varios procedimientos de registro y control. Durante las visitas, funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) encontraron mercancía de origen chino que, al parecer, ingresó de manera ilegal al país.
Varias de las propiedades ocupadas no están a nombre de las personas que figuraban como dueñas de los productos hallados en las diligencias; sin embargo, el material de prueba indica que los titulares no desplegaron las acciones pertinentes para vigilar el uso que los arrendatarios les estaban dando y, presuntamente, fueron permisivos con las actividades que favorecían al contrabando.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumirá la administración de los bienes afectados.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/CS/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
