Los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal Especializado de Sincelejo (Sucre) fueron contundentes para enviar a prisión a un hombre, presuntamente, responsable del delito de extorsión.
La decisión judicial está relacionada con hechos ocurridos en el municipio de Tolú (Sucre), donde una mujer estaba siendo extorsionada desde 2016. Según se logró determinar, la víctima recibía por correo electrónico mensajes donde le exigían altas sumas de dinero a cambio de no publicar en redes sociales, fotografías y vídeos íntimos.
La investigación estableció que desde entonces y hasta la actualidad la víctima, presa del miedo, pagó en varias cuotas cerca de 4 millones de pesos.
Labores de Policía Judicial permitieron identificar al procesado como el novio de la víctima, quien sería una de las personas que estaría realizando las exigencias económicas a la mujer; además de, presumiblemente, haberse ofrecido como mensajero para entregar el dinero a los presuntos extorsionistas.
Seguimientos investigativos por parte de las autoridades, determinaron que no existieron extorsionistas, ni las supuestas entregas. Según parece sería el compañero sentimental de la víctima quien se apropió de las sumas de dinero.
La captura del investigado estuvo a cargo de servidores del CTI, apoyados por el Ejército y la Armada Nacional. Estas acciones se cumplieron en la carretera que de Tolú conduce al municipio de Coveñas, cuando el hombre simuló pagar a los extorsionistas 270.000 pesos, dinero éste que le fue encontrado en poder del procesado.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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MEVA/MAGA/SD/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.