Ante las evidencias presentadas por un fiscal local del municipio de Potosí, un juez penal cobijó con medida de aseguramiento a Carlos Alberto Rosero Grijalva, capturado en una vivienda del barrio El Triunfo de esta localidad nariñense.
Un fiscal Itinerante le imputó cargos como presunto autor de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego en concurso homogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Mediante información aportada por una fuente humana, puso en conocimiento de la Fiscalía que en una vivienda ubicada en el centro de Potosí presuntamente se comercializaban armas y municiones para grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y El tren de Aragua, y el encargado de venderlas era un hombre a quien se conoce con el alias de El mono.
La Fiscalía solicitó una orden de registro y allanamiento al inmueble y durante el operativo, realizado por agentes de la Sijin de la Policía Nariño fue detenido Rosero Grijalva, donde se incautaron dos pistolas 9 milímetros, cuatro proveedores, cartuchos calibre 5,56 milímetros, 7.62 y 9 milímetros y un teléfono celular.
Al solicitarle los uniformados los documentos que acreditan el porte legal de las armas, alias El mono manifestó no tenerlos, motivo por el cual fue capturado en situación de flagrancia y puesto a disposición de la autoridad competente para su judicialización.
Durante las audiencias, Rosero Grijalva no se allanó a cargos y la decisión de la medida de aseguramiento no fue apelada.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
JGP/FAGH/LVB/DSN
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
