La Gobernación y las Alcaldías se reunirán nuevamente para concretar y ejecutar las soluciones previstas en esta reunión.
Se cumplió este viernes en Pereira, una Mesa Interinstitucional de Alto Nivel para conocer sobre la situación de Derechos Humanos de la población privada de la libertad en las Estaciones de Policía y la URI de la ciudad de Pereira, así como en los municipios de Dosquebradas y La Virginia, evento convocado por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
En esta reunión hizo presencia el alcalde Pereira, Carlos Alberto Maya López y la secretaria de Gobierno, Karen Zape Ayala. Así mismo, asistió el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas; el alcalde (e) de Dosquebradas, Geovanny Ducuara y representantes del gobierno municipal de La Virginia.
En su intervención, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, resaltó que su administración municipal nunca ha estado de espaldas a la población privada de la libertad, inclusive en momentos tan duros como en la pandemia en 2020, donde se destinaron recursos propios para atender las necesidades médicas de hombres y mujeres en situación de reclusión.
El alcalde Carlos Maya señaló que el Gobierno de la Ciudad, dentro de sus posibilidades y alcances, ha apoyado a la población carcelaria y se refirió a estos esfuerzos, entre otros aspectos que hacen parte de la problemática que viven las personas privadas de la libertad.
“En el Inpec tenemos grados permanentes de personas de bachillerato en la ciudad de Pereira, en la Cárcel la 40. Yo he ido personalmente a graduarlos. Desconocen el esfuerzo que hacemos para entregarles becas para la Universidad, nosotros los tenemos matriculados con recursos propios”, dijo el alcalde de Pereira, Carlos Maya.
El mandatario de los pereiranos recordó que desde el primer gobierno del Presidente Santos se está procurando construir una cárcel que nos va a permitir solucionar los problemas de hacinamiento no sólo de Pereira, sino del departamento y las regiones vecinas. “Me da pena decirles que los organismos de control no han actuado con las personas, las entidades públicas y privadas, y contratistas que llevan más de 12 años tratando de construir una cárcel en esta ciudad y en este departamento”, puntualizó.
Al final de la reunión, Javier Augusto Sarmiento, Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, valoró los esfuerzos de esta administración municipal, del Gobierno Departamental y los alcaldes en este tema de atención a la población privada de la libertad; sin embargo, solicitó mesas de trabajo y reuniones para determinar los recursos económicos y cómo se van a ejecutar para solventar
la problemática actual.
DATOS DE INTERÉS
En los próximos días el Gobierno de la Ciudad entregará en la Cárcel la 40 y en la Badea; 1.400 kit de aseo, 320 colchonetas ,7 barras de sonido, 2 televisores, 2 lavadoras, prima extra carcelaria (sobresueldo).
