La contundencia del material probatorio presentado por fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI) permitió la judicialización de dos hombres que estarían involucrados en dos hechos distintos ocurridos en Antioquia, en los que fueron asesinados un líder social y un reincorporado.
Crimen de líder social en Yarumal
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Luis Mariano Tabares Correa, alias El Zarco o Toro, por su posible participación en el crimen del líder comunal Arley de Jesús Jaramillo Monsalve.
La acción criminal sucedió el pasado 24 de enero, en Yarumal (Antioquia). Un grupo armado del ‘Clan del Golfo’, al que pertenecería alias El Zarco, ingresó a la vivienda de la víctima y le disparó en repetidas ocasiones causándole la muerte.
La Fiscalía imputó a ‘El Zarco’ los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.
A la cárcel ‘Wider’
Ante un juez de control de garantías fue presentado Wilmer Martínez Vergara, alias Wider, como presunto responsable del crimen del reincorporado Yorleys Antonio Beltrán Ramos, ocurrido en la vía que conduce de Mutatá a Dabeiba (Antioquia), el 8 de abril de 2022.
La Fiscalía imputó a esta persona los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y concierto para delinquir agravado.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/AAB/UEI/MCR/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
