El secretario de Gobierno respondió la investigación que abrió la Procuraduría en torno al hacinamiento y le realizó un fuerte llamado al INPEC para que traslade internos condenados al Coiba de Picaleña.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra los alcaldes de Ibagué, Cali, Riohacha y Valledupar, por una posible omisión de sus funciones, relacionadas con la atención que deben brindar a las personas privadas de la libertad que se encuentran en las estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata de sus ciudades.
Las investigaciones fueron iniciadas a partir de un informe con fines disciplinarios rendido por la Delegada para la Protección de los Derechos Humanos, luego de efectuar múltiples visitas a los centros de detención de esas ciudades.
Con relación al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, el órgano de control abrió investigación al evidenciar que al 8 de marzo pasado los centros de detención transitorios registran una ocupación de 512 PPL con un nivel de hacinamiento del 731 %, ya que la capacidad máxima de estos establecimientos es de 70 personas.
Respecto de la Estación de Policía Permanente Central, gracias a una tutela instaurada por el Ministerio Público se logró que se ordenara la remodelación de esa instalación, donde permanecían 372 personas en difíciles condiciones.
Ante esto, esta redacción consultó al secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo Ruiz, quien señaló que las personas que permanecen en la permanente una gran parte son de otras regiones del país y no en su totalidad de esa capital.
Asimismo, confirmó que se tiene hacinamiento, pero del 310% y no de 700% como lo dijo la Procuraduría General de la Nación, en privados de su libertad de manera transitoria y pidió al INPEC trasladar reclusos que ya fueron condenados por los delitos cometidos.
“A hoy la cifra no es de 700 hacinados, a hoy la cifra es de 410 personas y también la Procuraduría abrió incidente de desacato al INPEC que teniendo cupos en el Coiba no ha trasladado y ha preferido ahí sí garantía de los Derechos Humanos no darle participación para poder trasladar algunos reclusos que han sido condenados que deben estar en el Coiba”.
También, expuso que “hemos insistido en firmar un convenio con más de $2.000 mil millones con el Coiba e Inpec, pero ha tenido la talanquera que el INPEC ha pedido pagar sobresueldo a los guardianes, lo que jurídicamente no podemos hacer porque los recursos son para atender a quienes sean trasladados allí”.
Finalmente, pidió al ente de control entender que las personas que están allí recluidas es porque cometieron algún hecho en contra de la ley.
“Hacer un llamado respetuoso a la procuradora, es cierto que son seres humanos y que tienen derechos, pero la pregunta nuestra es ¿y los derechos de quienes asesinaron, hurtaron e hicieron daño dónde quedan? Estas personas han sido capturadas por la reacción de la fuerza pública y los que están allí entran en una etapa de investigación”.
