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Se trata de recuperar un puente que se precipitó en el Caño Michichoa, en la vía que comunica a los municipios de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto.
La Procuraduría General de la Nación pidió a la administración departamental del Magdalena intervenir de manera urgente las ruinas del puente que se precipitó en el Caño Michichoa, en la vía que comunica a los municipios de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto, para evitar nuevas afectaciones a la comunidad por cuenta de accidentes que puedan presentarse por un aumento súbito del caudal del río.
En comunicación dirigida a la gobernación, secretaría de Infraestructura y oficina para la Gestión del Riesgo y alcaldías municipales, la procuraduría Regional Magdalena asegura que, en vista de las demoras en dicha intervención y la urgente necesidad que tienen los habitantes del sector de movilizarse hacia las zonas urbanas de los municipios, estos están tratando de reparar el puente.
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“La misma comunidad por sus propios medios anti técnicos, ha decidido rehabilitar dicho puente en forma artesanal ante la necesidad inminente de esa vía”, asegura la carta de la Procuraduría.
El Ministerio Público solicitó a estas entidades entregar un informe sobre las acciones que se hayan implementado hasta el momento para garantizar la vida e integridad física de las personas afectadas, así como el plan de acción para reacondicionar el puente.
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Cabe resaltar, que anteriormente EL INFORMADOR denunció que los campesinos que viven por la producción y venta del queso, se encontraban con problemas de productividad ya que este puente comunica a los principales corregimientos de Santa Ana, esta zona es de mucho afluente ganadero comercial en donde anteriormente transitaban, maquinarias pesadas, mulas, camiones entre otros pasaban por el sector para transportar los implementos agrícolas por este sector.
Por esta razón los mismos habitantes del corregimiento de Barro Blanco se han dado a la tarea de utilizar la madera para reparar momentáneamente la plataforma ya que se han visto perjudicados por la reducción en actividades comerciales netamente ganaderas.
Se espera que por el pronunciamiento de la Procuraduría la administración departamental tome cartas en el asunto y busque la reconstrucción de este importante cordal para el beneficio de las familias campesinas en esta zona.
