La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra servidores públicos por determinar del Ministerio de Salud y Protección Social, la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), y varias Empresas Sociales del Estado (ESE), por presuntas irregularidades en la asignación de recursos a 23 de ellas de los entes territoriales de Cundinamarca, Boyacá y Córdoba.
La Delegada para la Economía y Hacienda Pública señaló que se buscará establecer si hubo una posible trasgresión a lo ordenado por la Resolución 2788 de 2022, y si se omitió cumplir con el requisito que obligaba a crear equipos básicos de salud en modalidad extramural.
Así mismo, el organismo de control revisará si se pasó por alto la presentación de los reportes de rendimientos financieros a la ADRES, y si los criterios de asignación a las ESE que resultaron beneficiadas a nivel territorial fueron tenidas en cuenta.
El Ministerio Público decretó la práctica de varias pruebas tendientes al esclarecimiento de la situación y señaló que la actuación disciplinaria busca determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad.
No se entregaron mayores detalles de los centros hospitalarios objeto de revisión, pero en Córdoba, son tres de segundo y tercer nivel de atención como el San Jerónimo, San Vicente de Paul en Lorica y el San Juan de Sahagún.
