El observatorio fiscal de la Pontificia universidad Javeriana presentó un informe titulado «La tributación de las empresas en Colombia: ¿Qué tan equitativa es?», en el que se hace una evaluación de las tasas efectivas de tributación por actividades económicas, en relación con el impuesto sobre la renta.
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Según el observatorio, el objetivo de esta análisis busca fomentar un debate acerca de los incentivos fiscales otorgados a las empresas.
Allí se evaluó cuáles son las actividades económicas más costosas en términos del recaudo que se pierde a raíz de los beneficios tributarios.
Régimen Simple de Tributación.
«Esta identificación busca abrir un debate sobre si estos beneficios tributarios están justificados o no. ¿Toleraremos esos beneficios con el fin de incentivar ciertas actividades económicas a pesar del costo que representan en términos de impuestos no recaudados?», señala el informe.
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El análisis se realiza con base a la información de impuestos de 2021 y entre los hallazgos más destacados, está que los beneficios tributarios vigentes durante ese año tuvieron como consecuencia una pérdida estimada de recaudación para el país que oscila entre los 14 y 17 billones de pesos.
«Esta es una cifra considerable que podría ser destinada a la mejora del bienestar de nuestros ciudadanos a través de la provisión de más y mejores bienes públicos o a través de la reducción de la presión tributaria sobre otras actividades económicas», señala el análisis.
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De acuerdo con el observatorio de la Javeriana, dentro de las actividades más costosas para el fisco en términos de un tratamiento diferenciado respecto al impuesto de renta están la transmisión y distribución de energía eléctrica (que al menos en su mayoría son empresas de naturaleza pública); las actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria, donde figuran por ejemplo, las EPS y las Cajas de Compensación Familiar (las cuales son entidades sin ánimo de lucro asociadas a la seguridad social); las actividades relacionadas con el mercado de valores (calificadoras de riesgo, depósitos de valores y actividades conexas), y la banca (aunque este último caso es contencioso dado que la información no distingue entre la banca comercial y la banca central).
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