La Contraloría General de la República (CGR) se mostró bastante preocupada por lo que viene sucediendo en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), tras la salida de José Fernando Prada de la dirección de la entidad y la vacancia en los puestos de los comisionados expertos. Además, advierte que se está generando un vacío institucional que pone en riesgo a los usuarios.
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El ente de control señaló que el fenómeno de El Niño, que ya comenzó a sentirse, supone grandes riesgos para el mercado energético, sin que haya medidas para hacerle frente.
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“Durante el presente año, se ha hecho evidente la crisis en la Creg, entidad integrada por el Ministro de Minas y Energía, Ministro de Hacienda y Crédito Público, Director del Departamento Nacional de Planeación, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y por los seis expertos comisionados, quienes deben tener dedicación exclusiva y especiales cualidades y que, de acuerdo con la Ley 2099 de 2021, deben ser nombrados por el presidente por periodos de cuatro años”, dice la CGR.
Vale la pena recordar que hasta el momento solo se ha nombrado un comisionado experto en propiedad, Ómar Prías. No obstante no se conocen más nombres y de hecho, fuentes cercanas al Gobierno afirman que podrían llegar más personas pero en encargo.
La CGR sostiene que el hecho de no conocer el nombre de los expertos que llegarán a la Creg para generar los planes de mitigación y acción contra la sequía que se intensificará en los próximos meses, muestra que esta entidad se encuentra acéfala de cara al futuro.
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Energía.
“Uno de los hechos que prende las alarmas sobre la situación de la Creg y hace evidente esta crisis, es que ya perdió vigencia la Resolución Creg 101031 de 2022 sobre tarifas justas, que no era otra cosa que el aplazamiento del cobro a los usuarios de las tarifas reales y, por lo tanto, posteriores estudios tarifarios como la Resolución 701023 de 2023, que consultaba acerca de cómo diferir la opción tarifaria en el tiempo, la cual minimizaba el riesgo de “Apagón Financiero”, no puede ser estudiada ni analizada, ni se pueden tomar decisiones con validez al no estar integrada debidamente la Creg”, agregó.
La Contraloría resaltó que “los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe pueden superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada”.
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También advierte que no se sabe cómo se van a devolver los recursos que ya pagaron los usuarios y hay confusión entre las autoridades por este tema, punto que debe ser aclarado cuanto antes. Por último, respecto a la publicación del presidente Gustavo Petro, sobre el manejo de subsidios por parte de Electricaribe, la Contraloría señaló que ya se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal.
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