La decisión anunciada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el sentido de que el Gobierno decidió echar para atrás el descongelamiento de las tarifas de los peajes de 2023, cuyo reajuste se iba a hacer de forma gradual durante siete meses, fue fuertemente controvertida por el sector de la infraestructura.
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En efecto, este viernes la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), aseguró se trata de una señal contradictoria, justo en el momento en que el decaimiento de la economía reclama señales positivas al mercado, y la aceleración de las obras de infraestructura.
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Para la agremiación, la ausencia de seguridad jurídica que esta situación representa menoscaba la confianza de inversionistas y financiadores en proyectos de envergadura y de largo plazo, es decir, que podría generar falta de apetito de inversionistas de participar en nuevas licitaciones de proyectos viales a través de concesiones bajo la figura de Asociaciones Público Privadas (APP).
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“La lógica oficial usada en esta dirección conduce al escenario de que los bienes y servicios, el salario de los trabajadores e incluso los fletes del transporte no se compensen con la inflación, cuando así corresponda”, aseguró la CCI.
Y recalcó que debe hacerse énfasis en el hecho contundente, sustentado por Fedesarrollo, en el sentido de que los peajes no generan presión inflacionaria superior a 0,01 puntos porcentuales.
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