Tras intimidar a los guardias de seguridad de una empresa de valores, en el parqueadero de un centro comercial, los despojaron de 431 millones de pesos este 4 de marzo.
Por solicitud de un fiscal de la Seccional de Norte de Santander, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de José Manuel Cárdenas Villeros, quien habría participado en un asalto a guardias de seguridad de una empresa de valores, a los que despojaron de 431 millones de pesos.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes 4 de marzo en Cúcuta (Norte de Santander), cuando en horas de la mañana cuatro hombres ingresaron al parqueadero de un centro comercial y con armas de fuego amenazaron a los guardias de seguridad, se llevaron el dinero y huyeron después en varias motocicletas.
Tras conocer los hechos la Policía Nacional activó un plan candado para ubicar a los delincuentes entre los barrios Prados del Este y El Bosque, tras el cual fue capturado Cárdenas Villeros como uno de los presuntos asaltantes y a quien le hallan un arma de fuego al parecer utilizada durante el hurto.
Luego del material probatorio recaudado en su contra la Fiscalía lo imputó por su presunta responsabilidad en los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, a los que no se allanó.
Cárdenas Villeros registra varias investigaciones por delitos similares ocurridos en varias ciudades de la costa norte del país.
Estos resultados están enmarcados dentro del compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de impactar de forma contundente los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía habla con resultados.
MPHA/CFG/AOG/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
