Fiscales adscritos a la Unidad de Vida de la Seccional Casanare, lograron que jueces con función de garantías impusieran medidas carcelarias y restrictivas de la libertad contra tres hombres que tendrían responsabilidad en la comisión de delitos de homicidio tentado y porte ilegal de armas.
En un primer caso fue capturado Jhon Jairo Carrillo Alvarado a quien la Fiscalía le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa, al que no se allanó. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de mayo en el municipio de Hato Corozal (Casanare), cuando al parecer le disparó con un arma de fuego en tres oportunidades a su víctima quien se encontraba en la puerta de un establecimiento público, dejándola herida.
A Carrillo Alvarado, quien registra antecedentes penales por extorsión, concierto para delinquir, rebelión, amenazas y lesiones personales, el juez le impuso medida carcelaria.
De otro lado, José Polidoro Agudelo Figueredo y José David Agudelo fueron capturados por orden judicial el pasado 9 de agosto, como presuntos responsables de los delitos de homicidio tentado y porte ilegal de armas de fuego que les formuló la Fiscalía y que no aceptaron.
Los hechos tuvieron lugar el 24 de enero de 2023, cuando resultó herido un hombre que se encontraba departiendo en su finca con unos amigos. Presuntamente los hoy involucrados lo habrían atacado en ese lugar con armas de fuego. La víctima logró recuperarse en un centro asistencial.
Un juez los cobijó con medidas restrictivas de la libertad y deberán someterse a controles con dispositivos electrónicos.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
