Por Mariana Suárez Guarín
En días pasados el Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, sancionó La Ley de Delitos Ambientales, que endurece las penas y sanciona otros actos delictivos que también atentan contra el medio ambiente. Frente a este tema las autoridades ambientales de Risaralda se pronunciaron.
“Para nosotros es importante dejar de tener conductas de carácter administrativo que inicialmente eran sancionadas por esta autoridad con procesos de carácter sancionatorios administrativos, a pasar a tener conductas de carácter penal, ahora tenemos la privación de la libertad de los seres humanos, entendemos que es la manera de poder ayudar a que entendamos que no solamente cuando atentamos contra el medio ambiente vamos a recibir sanciones, sino que también vamos a ser privados de la libertad con nuestras acciones”, indicó Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados, directora general (e) de la Cárder.
De otro lado el Intendente Jua Alzate, jefe del grupo de Protección Ambiental Ecológica, indicó que “la ley 2111 del año 2021, entre los apartes más importantes resalta la creación de nuevos artículos, los cuales sancionan la deforestación, un delito que está en auge en Colombia, de igual forma se agravaron las penas y aumentaron las sanciones económicas en ciertos delitos”.
Con esta ley se crean nuevos delitos al medio ambiente como la deforestación, su promoción y financiación, que será sancionada hasta con 15 años de prisión; el tráfico de fauna, la pesca ilegal, la financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica y la financiación y apropiación ilegal de baldíos de la nación.
Casos delictivos en Risaralda
“En Risaralda nosotros tenemos unas conductas que invitamos a no continuarlas realizando y es el tráfico de nuestra fauna silvestre, lo hacen con fines de enriquecimiento, no intervención de nuestros ecosistemas, en la tala indiscriminada de árboles, la movilización sin permiso, recordemos que tenemos mucho aprovechamiento de guadua con fines de hacer construcciones ilegales y de utilizar ese material para hacer invasiones, por eso sea la oportunidad de invitarlos a hacer un uso racional de los recursos naturales y recordar que para hacer un buen uso de ellos siempre se debe contar con el permiso y la autorización de la autoridad ambiental, el no hacerlo termina en sanciones de carácter administrativo que terminan con multas. Pero también hoy como el tema que nos ocupa es que terminamos ante delitos que terminarán con la privación de la libertad de los seres humanos”, manifestó Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados, directora general (e) de la Cárder.
Acciones que se adelantan en Risaralda contra la deforestación
“Los operativos que nosotros ejecutamos los realizamos en conjunto con la Policía, el Ejército, la Fiscalía, el CTI, con todos los organismos judiciales, si tenemos conocimiento de una intervención a nuestras áreas protegidas, de manera inmediata organizamos operativos, hacemos intervenciones en flagrancia pero también hacemos operativos en control como lo hemos mencionado, que es requiriendo que tengan las autorizaciones los permisos, los salvoconductos para poder hacer las movilizaciones pertinentes”, explicó Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados.
¿Qué se considera un delito ambiental?
“Cuando se les causa un daño a los recursos naturales sin tener los permisos y las autorizaciones, se hace un uso y aprovechamiento de los recursos naturales ya sea en la fauna o en la flora, y causa sobre todo un daño”, indicó la directora de la Cárder.
Importante
Capturas por delitos ambientales
“En el año 2020 se realizaron 60 capturas por daño en los recursos naturales y lo que va corrido de este año 2021 en el área metropolitana, van 33 capturas, gracias al trabajo conjunto con la Cárder, quienes sancionan a los ciudadanos por incurrir en estos delitos”; manifestó el Intendente Jua Alzate, jefe del grupo de Protección Ambiental Ecológica.
DATO
“La Cárder actualmente tiene entre 1200 expedientes jurídicos que representan procesos sancionatorios ambientales por las diferentes conductas que cometen las personas al hacer el uso indebido de los recursos naturales”, confirmó Tatiana Margarita Martínez Díaz Granados, directora general (e) de la Cárder.
