Los servicios sexuales eran ofrecidos en establecimientos de lenocinio y en fiestas realizadas en fincas y hoteles.
La Fiscalía General de la Nación logró que dos mujeres y un hombre fueran afectados con medidas de aseguramiento en centro carcelario por su presunta responsabilidad en la explotación sexual comercial, de la que fueron víctimas tres mujeres, entre ellas dos menores de edad. Los hechos investigados ocurrieron en Saldaña (Tolima) en 2023 y abril de 2024.
Los procesados son la hermana de las adolescentes, además de Édgar Eduardo Maez Triana, alias Tamayo; y Nelvis María Gutiérrez Vega, alias Mafe. Las tres personas fueron capturadas por la Policía Nacional en dos diligencias de registro y allanamiento, adelantadas en inmuebles ubicados en esa misma localidad. En los procedimientos se incautaron celulares y computadores que serán analizados en el transcurso de la investigación.
Labores de policía judicial evidenciaron la aparente participación de estas tres personas en el delito de proxenetismo con menor de edad; para el caso de la hermana de las menores, el delito fue agravado.
La investigación determinó que en dos establecimientos nocturnos la hermana de las víctimas, de 15 y 17 años, y quien se desempeñaba como trabajadora sexual, habría facilitado la explotación sexual de las adolescentes. Alias Tamayo, administrador de uno de los locales, se cree, facilitó su negocio para que hombres adultos sostuvieran relaciones íntimas con las menores.
Alias Mafe, aprovechando su posición de administradora del otro establecimiento, habría instrumentalizado a una menor de 16 años quien vivió en el lugar durante un mes. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
PAAM/LMFO/MAGA/MCAA/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
