La próxima semana, según lo dicho por el Ministerio de Hacienda y el mismo presidente Gustavo Petro será radicada en el Congreso la nueva Ley de Financiamiento o reforma tributaria que busca el Gobierno Nacional, con el fin de asegurar los $12 billones que le hacen falta en las cuentas de gasto del próximo año, hueco que para algunos analistas y el mismo Consejo Superior de Política Fiscal es más grande.
Desde que se supo que este proyecto sería presentado, la discusión en el país se ha centrado en si esta medida es necesaria o su implementación puede resultar contraproducente en estos tiempos de desaceleración persistente. Así mismo, se ha hablado de la posibilidad de recortar el Presupuesto para evitar que nuevos impuestos afecten la dinámica económica local.
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Con el fin de abordar una visión desde la academia, Portafolio conversó con Eleonora Lozano, abogada tributarista y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, quien lo primero que dijo fue que se debe esperar a conocer con detalle lo que se proponga por parte del Ministerio de Hacienda, aunque se sumó a las voces de aquellos que advierten que lo anunciado hasta el momento podría no ser suficiente.
“Se han mencionado modificaciones en el impuesto al patrimonio, en los impuestos relacionados con las rentas no laborales, un aumento en la tarifa del impuesto complementario de ganancias ocasionales (15 al 20%), inclusión de alivios tributarios para reactivar la economía, disminución gradual de la tarifa nominal del impuesto sobre la renta a las empresas del 35 % al 30 % y beneficios tributarios para el sector turismo, con especial énfasis en San Andrés”, arrancó mencionando.
Impuestos
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Así mismo, la decana Lozano indicó que si bien no hay un documento oficial, los reportes muestran que también se barajan opciones para los sectores que generen energía a través de las fuentes renovables no convencionales. Lo cual podría ser bueno para la creación de nuevas fuentes de desarrollo sostenible hacia el futuro.
Ingreso insuficiente
Revisando cada uno de los impuestos de los que se ha hablado hasta el momento, la profesora Eleonora Lozano resaltó que su potencial no sería suficiente para alcanzar la meta que tiene el Ministerio de Hacienda, menos si se apoya únicamente en el impuesto al patrimonio y en las rentas no laborales.
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“Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023, el recaudo como porcentaje del PIB por el impuesto al patrimonio es del 0,1%. Durante el año gravable 2023, el gobierno recaudó poco más de $1,2 billones por concepto de impuesto al patrimonio. Para el año gravable 2024, el gobierno esperaba recaudar $1,5 billones este mismo rubro. No hay que olvidar que el recurso contingente en el Presupuesto es de $12 billones (0,7% del PIB)”, indicó.
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En este sentido concluyó que “el porcentaje de recaudo que aporta el impuesto al patrimonio es bajo, en proporción con el contingente. Su impacto dependerá, eso sí, del incremento tarifario o ajustes a la determinación de su base gravable”, mientras que frente a las rentas no laborales, explicó que existe una dificultad para realizar el cálculo histórico de su recaudo.
Cultura tributaria
Teniendo en cuenta que los dos caminos revisados por ahora parecieran no ser suficientes, la decana de la facultad de Derecho de Uniandes manifestó que el camino podría estar en el fortalecimiento de la cultura tributaria, puesto que considera que hay suficientes impuestos, pero la evasión no deja que sean realmente efectivos.
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“La política fiscal debe aumentar la capacidad del sistema tributario para evitar la evasión, la elusión fiscal y el abuso de las formas jurídicas, con el fin de garantizar un mayor cumplimiento tributario. Si hay un alto nivel de incumplimiento, los ingresos reales podrían ser inferiores a los esperados”, manifestó.
Lozano también dijo que la mejor forma de fortalecer este renglón, es disipando cualquier forma de corrupción gubernamental y una correcta ejecución del gasto; por lo que desde su experiencia, debe trabajarse en la elaboración e implementación de Códigos de Ética para la administración tributaria, los asesores y los contribuyentes.
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Recesión económica
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“El Gobierno podría revisar y ajustar los beneficios fiscales y exenciones que actualmente existen. Esto podría incluir la reducción de deducciones para ciertos ingresos, o la eliminación de exenciones que no cumplen con su propósito original. Los incentivos fiscales deben ser costo-efectivos, esto quiere decir que son temporales y deben ser revisados constantemente para ver si cumplieron sus propósitos”, concluyó.
Por último, la Decana resaltó que se debe trabajar en la eficiencia de la administración tributaria para asegurar una mejor recaudación por parte de la Dian y reducir la evasión fiscal; punto en el que recordó que para el año 2024 y 2025, ingresarán 4.700 nuevos funcionarios con el objetivo de mejorar esta labor.