-
El procesado accedió a las tarjetas de crédito de una persona a quien le sustrajo más 15 millones de pesos mediante compras en diferentes locales comerciales.
-
El investigado accedió a los datos personales durante una llamada telefónica en la que se hizo pasar por empleado de una entidad crediticia.
Las pruebas presentadas por una fiscal de la Seccional Caldas permitieron que un juez de conocimiento condenara a 9 años de prisión a José Ubaner Giraldo Cárdenas, por su responsabilidad en el delito de hurto por medios informáticos agravado.
Giraldo Cárdenas fue capturado en febrero pasado por servidores del CTI y durante las audiencias preliminares aceptó su responsabilidad en los cargos en su contra. La fiscalía evidenció que el procesado accedió a las tarjetas de crédito de una persona que residía en Santa Marta, a quien le sustrajo más 15 millones de pesos mediante compras en diferentes locales comerciales de Manizales (Caldas) y Medellín (Antioquia).
La fiscalía demostró que este hombre, a través de una llamada telefónica, en la que se hacía pasar por empleado de una entidad crediticia, logró que la víctima le entregara la información de las tarjetas. Los datos fueron ingresados a una plataforma de su celular logrando tener el control total de la misma. De esta manera, realizó compras en 18 establecimientos comerciales entre el 26 y el 29 de enero pasados.
El hoy condenado fue capturado en el barrio Palermo de Manizales. La fiscalía determinó que el procesado cambiaba constantemente de domicilio para evadir la acción de las autoridades.
Por decisión del juez el procesado deberá ser recluido en un centro carcelario.
JLH/LMFO/MAGA/ACG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
