Durante la pandemia, una de las actividades que más aumentó su popularidad fue el de las apuestas en línea, impulsando significativamente el sector del entretenimiento.
Este tipo de actividad, que forma parte de los juegos de suerte y azar, se incluye en el Producto Interno Bruto (PIB) bajo las categorías de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y servicios. Entre 2006 y 2020, estas actividades crecieron a un ritmo promedio anual del 4,4%, pero entre 2021 y 2023, ese crecimiento se aceleró notablemente, alcanzando un promedio del 26,8%.
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Y si bien este incremento ha significado un dinamismo para el sector, hoy las apuestas en línea son el principal objetivo de los ajustes tributarios del proyecto de ley de financiamiento, ya que el Gobierno busca gravarlos con un IVA del 19% para recaudar $2,1 billones en 2025.
Según el documento, el Gobierno estima que este tipo de apuestas pasaron de registrar ingresos por $16 billones en 2021 a $35,6 billones en 2023 y gravarlos no generaría un impacto inflacionario.
“Este comportamiento demuestra la posición sólida que tiene el sector para contribuir más equitativamente al sistema tributario sin que ello comprometa su viabilidad económica. Los juegos de azar se pueden considerar como bienes de lujo. A diferencia de los bienes esenciales, como los alimentos y los medicamentos. Los juegos de azar no son necesarios para la vida cotidiana ni para el bienestar fundamental de las personas”, aseguró el Ministerio de Hacienda.
La propuesta también destacó que la actual exclusión del IVA para los juegos de azar en línea “crea una distorsión en el mercado, ya que estos servicios digitales disfrutan de un tratamiento preferencial en comparación con los establecimientos físicos que ofrecen juegos de azar y que ya están gravados«.
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La mayoría de colombianos ve necesario más regulación para las apuestas en línea
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Opiniones
Ante la intención del Gobierno, tanto gremios como operadores de plataformas en línea han señalado que ese balance que se presenta en el proyecto está lejos de la realidad.
Asimismo, afirman que el aumento de costos para las plataformas legales incentivaría a los jugadores a migrar a plataformas ilegales, reduciendo la formalidad, y teniendo un impacto negativo en las transferencias al sistema de salud.
De acuerdo con Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, Asociación Colombiana de Operadores de Juegos, el recaudo de $2,1 billones por IVA que presupuesta el ministerio de Hacienda en estos juegos “es imposible”.
“En las apuestas en línea un usuario de estas plataformas realiza un depósito en su cuenta de jugador y con ese mismo monto puede apostar varias veces, alcanzando un promedio de hasta seis veces el valor original depositado. La propuesta del Gobierno, donde estiman apuestas por $35,6 billones para el año 2023, no grava dinero real, sino créditos para participar en los juegos” explicó Restrepo.
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Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos.
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Y agregó que los ingresos reales de los operadores, quienes tienen contratos con Coljuegos, fueron de $2,1 billones para el mismo año. “Pretender aplicar un IVA que equivaldría al 100% de los recursos que manejan los operadores es completamente inviable”, explicó Restrepo.
De acuerdo con Restrepo, los operadores de juegos online en Colombia deben cumplir con “una estricta regulación fiscal”, que incluye el pago de derechos de explotación, renta y otros impuestos, así como costos operativos relacionados con tecnología, marketing y publicidad.
“Del 100% de las apuestas, el 93% se retorna al jugador, dejando un margen bruto real del 7% en promedio, con lo que se deben atender derechos de explotación, costos y gastos. El modelo financiero no permitiría absorber un impuesto adicional sin afectar gravemente la operación, al punto de hacerla inviable. Si se aplica el IVA, el retorno al jugador se vería reducido del 93% a un 71%-75%; esto haría que los jugadores migren a plataformas ilegales o internacionales que no están sujetas a estas cargas fiscales”, precisó Restrepo.
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Bajo esa línea, Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos, Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, que representa a más de 100 empresas de esta industria, señaló que el Gobierno desconoce cómo opera en realidad el negocio de las plataformas de apuestas en línea, ya que ese dinero que buscan recaudar “no existe”.
“Tenemos al peor socio, ya que no entiende cómo funciona esta actividad. Esos $2,1 billones no existen; eso no es real, ya que los depósitos que realizan los usuarios no constituyen ingresos para las casas de apuestas. Esos son depósitos o créditos que se hacen en una plataforma de créditos de participación y no representan un incremento en el patrimonio de la casa de apuesta”, afirmó Montero.
Cabe destacar que la Constitución Política de Colombia en su artículo 336 le otorgó al Estado la explotación del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, permitiéndole obtener ingresos de esta actividad. Estos recursos están destinados a fines sociales prioritarios. Además, la legislación vigente no establece limitaciones sobre los tipos de juegos que el Estado puede explotar.
Sin embargo, cuando se le consultó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre el posible impacto negativo a las transferencias al sistema de salud, una vez se graven las plataformas, el jefe de la cartera respondió que “no se tendría un impacto negativo”.
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