La ministra de las TIC, Karen Abudinen, anunció este viernes en su cuenta de Twitter que esa cartera ordenó mediante el auto 644 el embargo de las cuentas bancarias, inmuebles y vehículos de la Unión Temporal Centros Poblados y sus integrantes, tras ratificarse el pasado 13 de agosto la caducidad del contrato 1043 de 2020, con el que se buscaba llevar internet gratuito a colegios de zonas rurales del país.
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La Unión Temporal Centros Poblados se había quedado con aquel contrato, el cual terminó caduco por irregularidades en documentos y la polémica de los $ 70.000 millones que alcanzó a entregar el Mintic a modo de anticipo.
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“El viernes 13 de agosto declaramos la caducidad al contratista UT Centros Poblados que debía conectar 7.000 colegios. Hoy, procediendo con las facultades de la Ley, decretamos embargo por más de $70 mil millones sobre cuentas bancarias, inmuebles y vehículos a la UT e integrantes”, escribió la ministra.
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En efecto, los $ 70.000 millones son los recursos que los contratistas deberán devolver y por los cuales esa cartera ordenó el embargo.
En el documento, que publicó la ministra Abudinen, se ordena «decretar el embargo de las acciones, dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios de las sociedades integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia con NIT. 901.439.999-6, representada convencionalmente por Luis Fernando Duque Torres».
También se decreta «el embargo y secuestro de la unidad comercial, establecimientos de comercio, muebles y enseres de propiedad de las sociedades integrantes» de la Unión Temporal.
Cabe señalar que la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló horas antes que en las últimas 72 horas las autoridades ubicaron al menos una veintena de cuentas bancarias a nombre de las empresas involucradas en el escándalo del contrato con el Mintic.
Se estableció que ya se han ubicado saldos por cerca de $15.744 millones vinculados a tres de las cuatro empresas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados (UT). Los fondos están ligados a la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic); a ICM Ingenieros S. A. S y a Omega Building Constructora S. A. S.
Sobre este escándalo, el pasado viernes, al término de la audiencia del proceso a la Unión Temporal Centros Poblados, quedó en firme la declaratoria de caducidad del contrato 1043 de 2020.
Los contratistas que conforman la Unión Temporal quedaron, en virtud de esa decisión, inhabilitados por cinco años para contratar con el Estado. De igual forma, cesaron automáticamente todos los contratos que estos tenían vigentes con cualquier entidad del Estado, a nivel nacional o regional.
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