La Seccional Meta de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional, judicializaron seis hombres y dos mujeres presuntamente responsables de delitos como extorsión, receptación y hurto calificado y agravado que eran cometidos entre 2022 y 2024 en Villavicencio (Meta).
Christian Camilo Avendaño Castro, Dagoberto Bernal Parrado, Lisbeth Daniela Santana Ramos, Maryi Santana Ramos, Andy Isaac Ardila Alférez y Diego Eduardo Sánchez Valdés fueron capturados el pasado 17 de septiembre en vía pública de la capital del Meta.
Los procesados serían responsables del hurto de motocicletas por las que luego exigían entre 1’400.000 y 2’500.000 millones de pesos a los propietarios de los automotores, contraprestación para devolverles los vehículos. Las exigencias económicas eran realizadas mediante llamadas y videollamadas a través de las cuales enviaban fotografías de los bienes. Estos hechos ocurrieron en 2022 y 2023. El juez de garantías ordenó una medida intramural, dos domiciliarias y tres no privativas de la libertad para los investigados.
En otro hecho la fiscalía judicializó a Brayan Steven Pérez Valencia y Jorge Mauricio González Molina quienes fueron capturados en flagrancia en un establecimiento público del barrio La Rosita de Villavicencio. La detención se dio cuando, al parecer, los investigados recibían un paquete en el que se suponía había dinero relacionado con las extorsiones a comerciantes de la zona so pena de ser asesinado.
La investigación demostró que el hombre recibía llamadas y visitas en su negocio, al parecer, de los ahora investigados quienes manifestaron pertenecer al GAO Nueva Marquetalia. Ninguno aceptó los cargos imputados.
PYMP/MAGA/FJCH/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
