Reforma al Sistema General de Participaciones: implicaciones más allá de lo económico

Aunque es una promesa que se viene haciendo a las regiones hace más de 30 años, en aras de garantizar que haya una verdadera autonomía regional y el desarrollo de las ciudades y departamentos se genere acorde a sus necesidades y características; cada que se habla del Sistema General de Participaciones el país entra en un debate que parece no tener fin y que por ahora, lo único que ha logrado es frenar la transición establecida en la Constitución de 1991.

Aunque logró gran parte de sus aprobaciones fuera del radar y la agenda pública, en las últimas semanas se ha hablado mucho del “Proyecto de Acto Legislativo 437 de 2024 Cámara – 018 de 2024 Senado”, con el que se busca aumentar las transferencias por participaciones desde el Gobierno Central a las regiones, del 22% que se encuentra hoy en día al 46% que reza en la Carta magna, generando alertas por su impacto fiscal.

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Al ser un acto legislativo, es decir un mecanismo por el cual se reforma, adiciona o deroga algún texto en la Constitución Política, por parte del Congreso de la República, este proyecto necesita ocho debates, de los cuales ya cumplió con cinco y está ad portas de su última revisión en Senado y de ahí pasará a dos debates más en la Cámara de Representantes, donde se augura que no tendría mucha resistencia.

Entre tanto, la posición oficial desde la Casa de Nariño ha tenido dos momentos, uno en el que desde Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda se dijo que no contaba con aval fiscal y según fuentes legislativas se mostraba resistencia y otro, liderado por el Ministerio del Interior, donde se dejó claro que el presidente Gustavo Petro apoya la iniciativa y pidió buscar consensos para sacarla adelante.

No se ha explicado bien

En diálogo con Portafolio, Daniel Castellanos, asesor del Ministerio del Interior, manifestó que para entender mejor los alcances y objetivos de este proyecto de acto legislativo, liderado por el senador Ariel Ávila, es necesario tener en cuenta que consta de dos partes y hasta el momento sólo se ha hablado de una: la económica.

“La primera parte es una reforma del sistema general de participaciones y es en la que se ha centrado la atención nacional, que es la redistribución de recursos de la nación para los territorios. Pero hay una segunda parte que es la expedición de una nueva ley de competencias que redistribuye las responsabilidades de la nación, los departamentos y los municipios”, indicó este funcionario.

Para Castellanos, no es correcto hablar de que la reforma al Sistema General de Participaciones conducirá al país hacia un descalabro fiscal, como ha advertido hasta el mismo Comité Autónomo de la Regla Fiscal, ya que al cambiar la distribución de los recursos, también se hace lo propio con las responsabilidades que deben asumir los territorios frente al uso de esa plata.

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“En este momento, el Sistema General de Participaciones tiene tres grandes focos, que son la educación, la salud y el agua potable y saneamiento básico. En esos temas la discrecionalidad de los territorios es muy bajita, en realidad los territorios prácticamente son como pagadores en esos temas, pero ellos no pueden tomar decisiones de, por ejemplo, de construir una escuela con esos recursos, porque esos recursos van con unas destinaciones específicas”, dijo al respecto.

Si se llegan a aplicar los cambios que propone la reforma, Castellanos asegura que los recursos que reciban los territorios por el SGP “van a tener unos usos más amplios, aunque se siga manteniendo la prioridad para educación, para salud y para agua potable, pero que puedan utilizarlos en otros temas, puedan utilizarlos fundamentalmente para la construcción de infraestructura que es indispensable para el desarrollo territorial”.

Por otra parte, respecto a las capacidades de los departamentos y municipios para administrar su propia plata, el vocero del Ministerio del Interior acotó que “habrá algunos a los cuales se les puede transferir más rápidamente las competencias que a otros. Los que estén más capacitados podrían recibir las competencias más prontamente, los que estén menos capacitados se deberían demorar un poco más”.

Daniel Castellanos cerró diciendo que en su concepto, los 10 años que establece el proyecto de acto legislativo son suficientes para una correcta transición, aunque indicó que todavía falta mucho por debatir y ajustar en el trámite de esta propuesta.

Transición efectiva

Recientemente el Ministerio de hacienda informó que la reforma al SGP irá de la mano con proyecto de ley de competencias que permita transferir funciones y que garantice la sostenibilidad fiscal; lo cual para algunos analistas es una prenda de garantía, ya que el país no está para poner en riesgo su estabilidad fiscal.

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Al respecto, Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, manifestó que la reforma debería incluir cifras concretas sobre los gastos que los departamentos y municipios asumirían, pues basarla sólo en un porcentaje carece de fundamento práctico y en su concepto, la administración pública debe trabajar con cifras reales para garantizar la sostenibilidad fiscal.

“No debería seguir adelante porque no tiene viabilidad financiera, pero tampoco hay que desconocer que el proyecto políticamente tiene mucha fuerza en el Congreso y de hecho con todas estas cosas todavía está ahí, todavía está vivito y coleando, todavía se está discutiendo. Es importante que en los debates que siguen, se llegue a determinar que definitivamente el proyecto o se archive o siga adelante, pero que si sigue adelante definitivamente no se haga sobre la base de un porcentaje”, sentenció Amorocho.

Ente tanto, para José Manuel Restrepo, rector Universidad EIA y exministro de Hacienda, todo debe partir del reconocimiento de la deuda que se tiene en Colombia con el proceso de descentralización, aunque deja claro que no todo debe ser plata, sino también responsabilidades y administración efectiva de esos recursos.

“La forma como se ha propuesto en el acto legislativo que se debate, es profundamente irresponsable, porque lo único que genera es una carga fiscal inmanejable, inviable para la Nación, al punto de llevarle a un déficit de más del 10% y una deuda de más del 71% violando regla fiscal, entonces claramente el camino no es ese, ni siquiera es un camino a través de una transición”, explicó Restrepo.

Para estos expertos, el debate debería centrarse en frentes como reducir el tamaño del Estado para que el Gobierno Central baje su carga de costos; el traslado de funciones y responsabilidades a los entes territoriales y la creación de un proceso de transición efectiva que ponga como centro el bienestar y desarrollo de las regiones.