El pasado 30 de octubre, la Property Rights Alliance presentó los resultados del Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2024. Este índice es una herramienta que mide y compara el estado y la protección de los derechos de propiedad en 125 países, los cuales representan en conjunto el 97,5% del PIB mundial.
Este análisis es crucial, ya que los derechos de propiedad son fundamentales para, atraer inversión, promover la innovación, y por tanto impulsar el crecimiento económico.
Los resultados para Colombia muestran un retroceso significativo: el país cayó seis puestos en comparación con 2022, ubicándose en la posición 80 en 2023. Especialmente preocupante es el deterioro en la dimensión de Derechos de Propiedad Intelectual, donde Colombia pasó del puesto 60 en 2022 al 80 en 2023.
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Este mal desempeño se suma al retroceso general de otros indicadores que se usan para medir la competitividad del país. La Ocde, en su informe de evaluación económica de Colombia presentado en septiembre de 2024, enfatizó en la evidente necesidad que tiene el país de abordar la persistente baja productividad agregada, si se tiene en cuenta que ésta es aproximadamente la mitad de la tasa media de los países de la Ocde y de sus pares latinoamericanos. Además, Colombia sigue siendo el país de la Ocde con el PIB por hora trabajada más bajo.
Crecimiento
Como se deriva del informe de la Ocde, la baja productividad en Colombia, tanto a nivel nacional como regional, es el resultado de brechas en diversos factores como el entorno empresarial, la infraestructura, las competencias y las instituciones.
Esto se refleja en el pobre desempeño del país en comparación con otros países de la Ocde y en las disparidades entre regiones, según el Índice Departamental de Competitividad. En sus recomendaciones, la Ocde subraya la importancia de fomentar la innovación como herramienta clave para aumentar la productividad y mejorar la competitividad.
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Esto permitiría a Colombia posicionarse mejor en los mercados globalizados, con el consiguiente efecto positivo sobre el bienestar de la población. Sin embargo, en 2020, Colombia destinó solo el 0,3% de su PIB a la investigación y el Desarrollo (I+D), cifra muy inferior al promedio de la Ocde y menor que la de la mayoría de los países de la región. Y, en el Índice Global de Innovación 2023, Colombia se ubicó en el puesto 66 entre 132 países, descendiendo tres posiciones respecto a 2022 y ubicándose detrás de Uruguay (63), México (58), Chile (52) y Brasil (49), mientras que Suiza y Estados Unidos lideran el ranking global.
Crecimiento
Las recomendaciones de la Ocde están alineadas con las teorías de los premios Nobel Daron Acemoglu y James Robinson, quienes sostienen que las naciones que fomentan la innovación, invierten en I+D, mejoran la educación y utilizan estratégicamente la propiedad intelectual pueden escapar de las trampas del subdesarrollo, incrementando la productividad y reduciendo las brechas sociales y regionales.
En el mismo sentido, un estudio reciente de Eduardo Lora y otros expertos también respalda esta visión, señalando que la innovación y la competitividad pueden mitigar la desigualdad en Colombia mediante su impacto positivo en la productividad. Sin duda, es urgente que Colombia impulse mejoras en la productividad, que le permitan alcanzar tasas más altas de crecimiento estructural, con generación de empleo con mayor valor agregado. Pero para que todo ello tenga lugar, es crucial contar con políticas de desarrollo empresarial e innovación basadas en una institucionalidad sólida, en donde el Gobierno trabaja articuladamente con las empresas, la academia y los centros de investigación, con un propósito de largo plazo.
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Esto implica una coordinación eficaz entre entidades, una clara delimitación de funciones, la priorización de objetivos estratégicos, funcionarios públicos capacitados, garantías de estabilidad jurídica y respeto a los derechos de propiedad intelectual. En síntesis, es esencial un enfoque integral con promoción de la investigación científica, con incentivos para atraer inversión y transferencia de tecnología y, que combine políticas sólidas de competencia.
Crecimiento
Es importante que la sociedad civil comprenda que los avances que logremos en innovación, gracias a la Investigación y Desarrollo y a la aplicación del conocimiento en los procesos productivos, no solo protegen derechos fundamentales como la vida y la seguridad alimentaria, sino que también se derivan en múltiples beneficios los cuales son transversales a todas las actividades económicas de una sociedad, permitiendo el acceso a bienes y servicios de mayor calidad. Y en esa línea, la propiedad intelectual, especialmente las patentes, juegan un papel fundamental.
Es el instrumento que motiva a las empresas y a los individuos a desarrollar soluciones a problemas complejos y a buscar eficiencias en diversas actividades. Sin la protección de patentes, las empresas no tendrían la seguridad de recuperar sus inversiones, lo que podría reducir drásticamente la innovación en áreas tan relevantes como el desarrollo de nuevos medicamentos que permiten atender enfermedades complejas y raras, o desarrollos tecnológicos que permitan alcanzar mayores eficiencias en el sector agropecuario, favoreciendo la producción de alimentos de manera eficiente.
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Es importante entonces promover el conocimiento de los ciudadanos, los empresarios, los innovadores, los investigadores, sobre la relevancia de proteger los derechos de propiedad intelectual y su positivo impacto en el desarrollo económico y social del país. Por ejemplo, las asociaciones de pacientes podrían destacar y reconocer el papel vital de las farmacéuticas en la investigación de medicamentos que salvan vidas.
Crecimiento
En definitiva, Colombia debe enfrentar los debates que son realmente importantes y ojalá concentrarse en definir cuál es la senda de desarrollo de largo plazo, que le permitirá cerrar las brechas de inclusión social y la reducción de la pobreza, aprovechando sus potencialidades y sus ventajas comparativas. No deberíamos perder de vista que el mundo está cambiando rápidamente, y los desafíos como la transición energética, la transformación digital, al igual que los avances acelerados en Inteligencia artificial, que podrían ser enfocados por ejemplo, en mitigar los efectos del cambio climático. Todos representan oportunidades para una transformación social y regional significativa del país, basada en ganancias en productividad en una economía del conocimiento.
Para ello, es fundamental que las políticas de innovación y competencia estén respaldadas por un Estado transparente que trabaje en la consolidación de un sistema de propiedad intelectual alineado con los estándares internacionales. Con estabilidad jurídica y respeto a los derechos de propiedad intelectual, Colombia puede convertirse en un destino atractivo para la inversión, nacional y extranjera con el consecuente beneficio para el bienestar de todos.
GLORIA ALONSO M.
Exdirectora del DNP y Ex- Embajadora Alterna de Colombian ante la Ocde.
