Luego de que el Gobierno Nacional confirmó que el congelamiento de gastos, por $20 billones, en el Presupuesto del 2024 que anunció en el primer semestre, finalmente se iba a materializar en $28,3 billones, según un decreto que están por firmar, la duda de los analistas fue por qué no se hizo caso a las recomendaciones del Carf.
Y es que según un documento emitido recientemente por el Comité Autónomo de Regla Fiscal, el país atraviesa por un escenario en el que la desaceleración terminó impactando el recaudo tributario y debido a esto, los ingresos de la Nación no se materializaron como se esperaba, por lo que no quedaba de otra que apretarse el cinturón.
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Recientemente, el Gobierno anunció un nuevo decreto de recorte de gasto por $33 billones que incluiría los $20 billones aplazados y tendría un impacto fiscal adicional de $13 billones. Descontando el decreto de aplazamiento ya emitido y el anuncio de recorte adicional, aún faltaría ajustar partidas en el presupuesto por $31 billones”, dijo en su momento el Comité.
Durante la presentación del recorte presupuestal, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le salió al paso a la polémica y explicó porqué no se le hizo caso a la autoridad fiscal, advirtiendo que en el Gobierno hay unas líneas rojas, trazadas por el presidente Petro, enfocadas principalmente en el gasto social, que deben ser respetadas.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público
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Bonilla González explicó que “existe un cordial desacuerdo con el Carf en términos de cuál es la magnitud del recorte y qué es lo necesario. Estamos trabajando en la misma línea de garantizar que no se rompa la regla fiscal, poder cumplir con los objetivos macroeconómicos y en ese sentido se está haciendo un seguimiento a la ejecución de lo que está comprometido presupuestalmente”.
“Lo único que podíamos recortar presupuestalmente era el presupuesto que no estaba comprometido y que podíamos identificar como no comprometido o que podíamos pedir que retiraran los Certificados de Disponibilidad Presupuestal para incluirlo en el recorte. Después miramos lo que se está ejecutando, lo que está comprometido y qué tanto queda con obligaciones de caja para este año y el otro año”, sostuvo.
Para el Ministro de Hacienda, desde que se originó la necesidad de ajustar el Presupuesto General de la Nación, en Casa de Nariño fueron enfáticos en que el recorte no se podría traducir en dejar de atender flagelos como la pobreza, el acceso a la educación o la lucha contra la desnutrición.
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“Las líneas rojas son todo lo que tenga que ver con el programa de alimentación, sea el programa de alimentación escolar o sea el programa de alimentación de reclusos o sea el programa de alimentación de poblaciones vulnerables es prioritario. Todo lo que tenga que ver con la gratuidad de la educación es prioritario”, manifestó.
En ese sentido dejó claro que “hay otra discusión sobre qué quiere decir gratuidad de la educación y si entra o no entra el Icetex. Todo eso es prioritario y por eso digo que a eso se le está colocando toda la caja. Así como todo lo que tenga que ver con subsidios al adulto mayor, a madres cabeza de familia y atención de las emergencias en materia de agua potable, que también son prioritarios”.
Pesos colombianos
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De igual forma, aclaró que pese a las restricciones de caja, ya se aseguró que los recursos para los Juegos Nacionales e Intercolegiados fueran entregados al Ministerio del Deporte, pero las decisiones logísticas sobre su ejecución retrasaron algunas fases, por lo que ahora se está trabajando en el nuevo sistema de planeación para estos eventos.
PGN 2025
Cabe destacar que en su momento el Carf también pasó revista al estado de las finanzas para el próximo año y dejó claro que los errores del pasado se podría repetir, ya que hay estimaciones por encima de las capacidades probadas en el Presupuesto que está por reglamentarse desde el Ministerio de Hacienda, que deberían ajustarse por medio de un recorte severo del gasto.
“Las proyecciones muestran que los ingresos programados por el Gobierno presentan un alto grado de incertidumbre. Con la información disponible a hoy, se estima un riesgo de menor recaudo (frente al escenario de Ley de Financiamiento) de por lo menos $33,3 billones”, sentenciaron.
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