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El convenio con el Inpec va en 40% de ejecución.
La defensora delegada para la política criminal y carcelaria de la Defensoría del Pueblo, Nohora Morales Amaris, lideró una mesa de seguimiento a los compromisos de la Mesa Nacional Carcelaria y Penitenciaria instalada en Santa Marta, en el mes de septiembre.
La mesa contó con la participación del secretario de Gobierno Distrital, Camilo George; la procuradora regional Wendy Rojas; el director de la Cárcel Rodrigo de Bastidas, Álvaro Duarte; el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta, teniente coronel Jaime Higgins; el defensor regional de Pueblo, Rafael Salcedo, y funcionarios de la Personería Distrital.
Durante el encuentro, se revisaron los compromisos y los avances de la atención a las personas privadas de la libertad, en esta parte del país.
En su intervención, la funcionaria nacional conoció los avances del Distrito en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en dicha mesa, donde se estableció la suscripción de un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, por $1.500 millones, el cual se encuentra en un 40% de ejecución y que garantiza el traslado de 160 personas privadas de la libertad de los Centro de Detención Transitorios, a cargo del Distrito, a la cárcel Rodrigo de Bastidas, ofreciéndoles mejores condiciones de bienestar durante el tiempo de su reclusión.
Así mismo, el secretario de seguridad y convivencia, coronel retirado Gustavo Berdugo, explicó que, desde la administración distrital, se ha garantizado la contratación de los servicios de alimentación para las personas privadas de la libertad en el Centro Transitorio de Protección.
Berdugo además registró que, en articulación con la Secretaría de Salud Distrital y las EPS, cada dos meses se vienen realizando brigadas en las que se garantiza el aseguramiento y la prestación adecuada de servicios de salud, urgencias y suministro de medicamentos, cumpliendo con los derechos humanos y su bienestar.
Finalmente, el secretario de Gobierno, Camilo George, señaló el compromiso irrestricto del alcalde Carlos Pinedo Cuello, de mejorar constantemente las condiciones de reclusión de estas personas, por lo que desde ya se está estructurando la posibilidad de un nuevo convenio con el Inpec para que en el año 2025 sean llevadas de manera directa a la cárcel Rodrigo de Bastidas, eliminando el Centro Transitorio de Protección o disminuyendo los tiempos de permanencia allí.
La próxima mesa de seguimiento a los compromisos establecidos en la reunión, se realizará en el primer trimestre del año 2025.
