El hundimiento de la reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro marca un golpe significativo para su agenda económica y social, además de agravar la crisis fiscal que enfrenta el país. Esta iniciativa buscaba cerrar un déficit de $12 billones en el presupuesto del 2025, pero las comisiones económicas conjuntas del Congreso decidieron archivar el proyecto. Una de las principales razones fue la controversia alrededor del impuesto a los juegos de azar y apuestas en línea, cuyo retiro redujo la meta de recaudo a $9,8 billones. La decisión sorprendió a muchos y deja al gobierno en una posición complicada, con recortes inminentes en programas sociales clave y en sectores como vivienda, educación y vías.
Opiniones divididas sobre la reforma tributaria
El nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, intentó suavizar las tensiones indicando que el gobierno ajustará el presupuesto en función de los ingresos disponibles, con la esperanza de que el crecimiento económico en 2025 impulse el recaudo fiscal. Sin embargo, expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advierten que el país deberá recortar al menos $37 billones del presupuesto para cumplir con la Regla Fiscal. Esta situación genera preocupación no solo por la estabilidad macroeconómica, sino también por el impacto social que podría tener la disminución en subsidios y proyectos de inversión, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.
El debate sobre el gasto público también se ha intensificado tras esta decisión. Analistas y representantes del sector privado han cuestionado la capacidad del gobierno para manejar las finanzas, señalando un aumento en el gasto de funcionamiento mientras la inversión permanece rezagada. Voces como la de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, celebraron el hundimiento de la reforma, considerándolo un paso necesario para evitar mayores presiones inflacionarias y garantizar la sostenibilidad económica. Sin embargo, desde el gobierno, las críticas fueron contundentes. El presidente Petro calificó la decisión como un “golpe al pueblo colombiano” y señaló que se obstaculiza la inversión social.
Además, el rechazo de la reforma tributaria pone en peligro la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2025, que debe firmarse antes del 30 de diciembre. Esto obliga al gobierno a buscar alternativas urgentes para financiar sus compromisos. Guevara ha indicado que trabajará en un análisis con el presidente Petro para encontrar soluciones sostenibles, aunque el panorama luce complicado. La fragilidad de las coaliciones políticas en el Congreso, sumada a los tropiezos legislativos, refleja las dificultades del Ejecutivo para consolidar su agenda y garantizar los recursos necesarios para los programas sociales y de desarrollo.
La falta de respaldo en el Congreso no solo evidencia tensiones entre el Ejecutivo y los legisladores, sino también una creciente desconfianza sobre la viabilidad de las políticas fiscales del gobierno. El impacto de esta decisión se sentirá en diversos sectores, dejando en entredicho la capacidad del gobierno para cumplir con sus promesas de transformación social y económica mientras enfrenta una realidad fiscal cada vez más restrictiva.
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