Durante el 2024, los controles policiales permitieron el rescate de 34 niños, niñas y adolescentes en Colombia, quienes eran víctimas del reclutamiento ilícito por parte de grupos criminales.
Entre los casos más destacados se encuentra el ocurrido en el sector Peaje de Neiva, kilómetro 3 de la vía Neiva – Castilla, donde la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, frustró un intento de traslado ilegal de cuatro adolescentes.
En la operación, realizada en flagrancia, fueron capturadas dos personas que transportaban en dos vehículos a cuatro jóvenes, dos mujeres y dos hombres, provenientes de resguardos indígenas en Cauca y Chocó. Según las autoridades, los adolescentes habían sido engañados con falsas promesas de bienestar, siendo este un modus operandi recurrente de grupos armados ilegales para perpetuar el reclutamiento.
Durante el procedimiento, se logró determinar que las víctimas estaban destinadas a incorporarse en estructuras armadas vinculadas al Frente Alan Rodríguez del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y al Bloque Martín Villa de las FARC-EP. La Fiscalía 10 local asumió la investigación, mientras los derechos de los adolescentes fueron restablecidos por las instituciones competentes.
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Una problemática extendida a nivel regional
En otro hecho, en el Puente de Cajamarca, en la vía Calarcá – Ibagué, las autoridades detuvieron un vehículo que transportaba cinco personas, incluyendo un adolescente que logró alertar sobre la intención criminal. En el automotor se incautaron documentos y materiales doctrinales vinculados a las FARC-EP, lo que permitió capturar a cuatro individuos más.
Estos operativos son parte de una estrategia nacional que, en el 2024, ha permitido rescatar a 34 menores. La Policía Nacional destacó el compromiso de sus uniformados y la coordinación interinstitucional para combatir este flagelo.
Llamado a la prevención
El reclutamiento ilícito sigue siendo una problemática compleja que afecta principalmente a comunidades vulnerables, como los resguardos indígenas. En este contexto, la Policía Nacional y la Fiscalía instan a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa y a trabajar en conjunto para proteger los derechos de los menores en todo el territorio nacional.
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