Edison Mosquera Agualimpia, subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), ha sido destituido tras graves acusaciones de corrupción y abuso de autoridad en el marco de un proyecto minero en el río Cauca. La denuncia, interpuesta por la empresa Mayo Group S.A.S., describe un conjunto de hechos que han desencadenado un escándalo de alcance regional y nacional, cuestionando la integridad de la gestión pública en el sector ambiental.
El 5 de noviembre se llevó a cabo un operativo donde se incautó la maquinaria de la empresa Mayo Group.Las acusaciones
Según la denuncia presentada por Mayo Group, Mosquera habría exigido una participación accionaria del 10 % en la compañía como condición para agilizar los trámites administrativos relacionados con el proyecto. Este pedido se formalizó el 18 de octubre de 2024 en una reunión en las oficinas de la empresa en Medellín. Los funcionarios argumentaron que los recursos solicitados estaban destinados a financiar una campaña política.
El conflicto comenzó el 11 de octubre de 2024, cuando Mosquera manifestó interés en el proyecto y ofreció “apoyo” para agilizar trámites. Días después, el 15 de octubre, en una reunión en Pereira, habría realizado una solicitud económica preliminar. Finalmente, el 18 de octubre, presentó la exigencia formal de participación accionaria.
Frente a las presiones, Mayo Group tomó medidas para proteger su infraestructura, trasladándose el 27 de octubre a un área autorizada en Caldas. Sin embargo, los problemas continuaron. El 5 de noviembre, la Carder lideró la llamada “Operación Redención” en colaboración con la Policía, la Fiscalía y el Ejército, acusando falsamente a la empresa de minería ilegal. Pese a que no se encontraron pruebas de actividades ilícitas, se incautaron equipos y se suspendieron actividades.
El 24 de diciembre de 2024, la Carder notificó el archivo del trámite de licenciamiento ambiental del proyecto, una decisión que, según la empresa, fue tomada sin agotar el debido proceso y en un claro acto de retaliación administrativa.
Denuncia penal y recusación
Mayo Group respondió con una denuncia penal ante el GAULA de Medellín, acusando a los funcionarios de extorsión, abuso de autoridad, calumnia y prevaricato. Actualmente, el caso está siendo investigado por la Fiscalía 20 Seccional de Medellín. Además, la empresa solicitó la recusación de Mosquera, exigiendo que se designe una autoridad imparcial para garantizar la transparencia en los trámites pendientes.
Impacto en la comunidad y el proyecto
El proyecto minero desarrollado en el corregimiento de Irra, municipio de Quinchía, Risaralda, tenía como objetivo formalizar a mineros informales mediante acuerdos con empresas titulares mineras. El enfoque incluía mejorar las condiciones de seguridad y adoptar prácticas responsables con el medio ambiente. Según César Augusto Rodríguez, representante legal de Mayo Group, las acciones de la Carder afectaron gravemente el desarrollo del proyecto y dañaron injustamente la reputación de la empresa.
Rodríguez destacó que la compañía, fundada hace cuatro años, opera de manera legal y transparente. “Estamos comprometidos con el cumplimiento de los estándares legales y ambientales, sin vínculos con actividades ilícitas como el narcotráfico o el lavado de activos”, aseguró.
El operativo masivo del 5 de noviembre, que involucró a más de 120 agentes, generó tensiones en la región. Aunque no se encontraron pruebas de actividades ilícitas, la incautación de maquinaria y las acusaciones públicas dañaron significativamente la imagen de la empresa y su relación con las comunidades locales.
La resolución de este caso será determinante no solo para el proyecto en el río Cauca, sino también para la confianza en las instituciones encargadas de la regulación ambiental en Risaralda. Las investigaciones en curso prometen arrojar luz sobre un episodio que podría sentar precedentes en la lucha contra la corrupción en Colombia.
La CARDER
Por su parte, la Carder declara que defiende la importancia del debido proceso y la transparencia en la gestión pública. El Consejo Directivo de la entidad enfatizó que no les corresponde calificar las denuncias penales, sino garantizar que las autoridades competentes investiguen a profundidad los hechos.
Señalan que no les corresponde calificar una denuncia penal de tal gravedad, sino solicitar a las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la Nación, que lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos y garanticen a Edison Mosquera Agualimpia sus derechos al debido proceso y a una defensa adecuada. Asimismo, enfatizaron la importancia de presumir la buena fe en este caso.
Además, el Consejo destacó que las decisiones tomadas hasta ahora buscan garantizar la transparencia y corregir errores en los trámites de licenciamiento ambiental y sancionatorios. También solicitaron el apoyo del Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para abordar las irregularidades en la explotación del río Cauca. Según la entidad, este ecosistema, considerado sujeto de derecho, está siendo afectado por actividades ilegales que requieren una investigación exhaustiva.
