Este viernes, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República firmaron una circular conjunta con el objetivo de fortalecer la transparencia, eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos en las entidades del sector Agricultura.
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La medida busca garantizar que los procesos de contratación se alineen con los principios de legalidad, transparencia y eficiencia. Durante la rueda de prensa realizada en el Salón de Conferencias de la Casa de Nariño, se presentaron los lineamientos para implementar mecanismos de supervisión y seguimiento en los procesos contractuales.
Estos mecanismos permitirán identificar de manera oportuna posibles desviaciones de recursos. La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino Villegas, enfatizó, aseguró que “con esta circular estamos reiterando nuestro deber por salvaguardar los recursos públicos de nuestro sector.Por eso necesitamos que las entidades adscritas y vinculadas puedan, de manera específica, adelantar procesos contractuales acordes con la ley, implementando una supervisión rigurosa y una interventoría transparente”.
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La circular destaca la adopción de mecanismos de control interno, alertas tempranas y el uso de pólizas de cumplimiento para prevenir irregularidades. Además, las entidades del sector deberán rendir cuentas periódicamente ante los organismos de control, reforzando así la supervisión de los recursos destinados a programas clave como la Reforma Agraria.
En este contexto, la ministra Carvajalino anunció la instalación de una mesa permanente de monitoreo a los procesos contractuales del sector Agricultura. Esta instancia buscará prevenir irregularidades y asegurar que los recursos destinados tengan un impacto positivo en las comunidades rurales.
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“Así garantizaremos que toda la ejecución en este 2025 tenga un impacto real en la transformación de la vida de las y los campesinos, de los pueblos indígenas y de las comunidades negras”, afirmó la ministra. La circular también responde a los hallazgos de la Secretaría de Transparencia sobre el convenio 542 de 2024, suscrito entre la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y la Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior RED SUMMA.
Frente a esta situación, la ministra Carvajalino aseguró que respaldará las denuncias ante los organismos de control para que se adelanten los procesos penales y disciplinarios correspondientes. Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Cambio con la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos. Además, reafirman el trabajo conjunto entre entidades para promover la justicia social, económica y ambiental en el campo colombiano.
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