En una situación que ha generado constantes conflictos, como alteraciones en la tranquilidad pública y hasta intentos de fuga, se ha convertido el creciente hacinamiento en los centros de detención temporal de Neiva, sin que se advierta, por ahora, de una pronta solución a la problemática.
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
En Neiva la situación de hacinamiento es preocupante, en los tres centros de detención transitoria que hay en la ciudad, las constantes visitas que ha realizado el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas quedó en descubierto la situación que viven las personas que están privadas de la libertad.
“La Personería de Neiva ha venido desde hace varios años insistiendo a través de sus diferentes personeros o representantes en la urgencia que requiere que estos espacios sean cancelados, que estas personas sean reubicadas en centros de detención administrados por el INPEC como ordena la norma, que no estén bajo las condiciones que están actualmente porque es una situación constante y permanente, como ya se ha denunciado, como ya se ha indicado en diferentes escenarios, estamos frente a un riesgo inminente de afectación a la integridad de estas personas, sin contar ya el hecho de la vulneración sistemática, constante y reiterativa de sus derechos mínimos como seres humanos”, indicó el personero de Neiva.
De acuerdo con el personero, estos lugares no son propicios para el ser humano, pues los tres centros de detención que hay ninguno cumple con lo establecido, además, que tienen más de las personas que allí deberían de estar.
“No son condiciones actas para tener a un ser humano en los espacios donde actualmente están recluidas estas personas, como personero del municipio, insisto una vez más, como ya lo he hecho de manera escrita, de manera verbal ante las autoridades del orden municipal, que tomen las medidas pertinentes urgentes, rápidas, de reubicar a estas personas, bien sea en otro espacio entre la jurisdicción del municipio o fuera de ella”, expresó Bastidas.
A su vez, el personero dio como una alternativa que las autoridades realicen un convenio o algún tipo de actuación administrativa que les permita a estas personas ser reubicadas en un lugar como el Centro Penitenciario de Rivera.
“Esa es la posición de la Personería Municipal de Neiva, es lo que hemos venido reiterando, venido solicitando y en la actualidad seguiremos insistiendo a través de las mesas penitenciarias municipales, así como a través de los diferentes instrumentos en los que tenemos la posibilidad de visibilizar esta lamentable situación de los tres centros de detención transitorios con los que cuenta el municipio de Neiva”, enfatizó.
La realidad del territorio y de las capacidades presupuestales de las instituciones y entidades que tienen la responsabilidad y corresponsabilidad en el cuidado de los privados de la libertad hacen que estos espacios tengan que seguir existiendo.
Capacidad máxima
En el primer centro de detención que tiene Neiva conocido como ‘Antiguas Bodegas de Alpina’, a la fecha hay 259 personas privadas de la libertad, siete de ellos personas de nacionalidad venezolana, dos personas que se encuentran hospitalizadas para un total de 268 en este espacio.
“Este centro de detención tiene una capacidad para 96 personas, como tiene 259 hablamos que a la fecha el hacinamiento es del 270% de sobrecapacidad”, argumentó el personero.
Por otra parte, en el CAI Bogotá conocido como el centro de detención femenino, hay 30 femeninas detenidas en un sitio donde su capacidad es para 15, presentándose un hacinamiento del 200%.
Entre tanto en la subestación del corregimiento del Caguán, hay 9 personas detenidas en un lugar que tiene capacidad para detener a seis personas.
Según el funcionario público en la actualidad en Neiva 307 personas se encuentran privadas de la libertad en estos centros transitorios de detención, 7 de ellas son personas condenadas, 300 son sindicadas, 7 de ellos extranjeros, 30 mujeres y 270 son hombres.
“Las condiciones de hacinamiento que se reportan constituyen un gran riesgo de afectación a la vida y a la integridad tanto de quienes están recluidos como de quienes los custodian. No son espacios idóneos para vivir, para habitar y tampoco lo son en materia de seguridad en tanto que no cumplen con las condiciones técnicas, con los requerimientos mínimos para este tipo de espacios donde se encuentran recluidas personas privadas de la libertad que de alguna manera, algunos de ellos pues tienen ciertos antecedentes y prácticas en materia delictual, lo cual pues hace que estos espacios deberían de tener unas condiciones mucho más adecuadas para poder evitar cualquier tipo de fuga o cualquier tipo de riesgo a la integridad de los demás, inclusive de los ciudadanos, transeúntes y vecinos del sector”, sostuvo el personero.
Seguimiento y monitoreo
Por parte de la Defensoría del Pueblo Regional Huila realizan vigilancia constante a estos centros de detención, donde mencionan que la responsabilidad es de la administración municipal.
“Seguimos haciendo seguimiento y monitoreo a los centros de detención transitoria cuya responsabilidad recae sobre la alcaldía, las inversiones que deben realizar en infraestructura, en agua potable, en salud, en acceso a la justicia y conectividad para la realización de audiencias virtuales”, dio a conocer Johana Elena Rojas Herrera, defensora regional Huila.
De acuerdo con la defensora, se han realizado comités de seguimiento del sistema penal acusatorio, con la rama judicial, el Consejo de la Judicatura, los jueces, coordinadores del Centro de Servicios Judiciales, la Defensoría del Pueblo, que es quien aporta los defensores públicos para que se puedan realizar las audiencias para las personas que no tienen recursos de cómo pagar una representación judicial.
Por ahora, dentro de los procesos que se adelantan, el 90%, casi el 95% tiene defensores públicos y el otro 5% tiene defensores de confianza.
“La preocupación subsiste toda vez que la dignidad de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria no ha sido reconocida, a pesar de los múltiples pronunciamientos de la Corte, que decretó el estado de cosas inconstitucional por el tema de la situación de hacinamiento y la indignidad con la que viven las personas privadas de la libertad, a pesar de que la ley C-1709 del 2014 indica que son los alcaldes y gobernadores quienes deben estar prestos a hacer las inversiones necesarias para este segmento de personas privadas de la libertad, diferente de las cárceles ‘Los Herones’, que en el Huila son cuatro, Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata, que están a cargo del INPEC y a la vez de USPEC, unidad que se encarga de la prestación de los servicios a estas personas privadas de libertad, en donde también hay un hacinamiento de un porcentaje importante, exceptuando el municipio y el circuito de Garzón, que por certificación internacional no recibe internos en su cárcel”, manifestó Rojas Herrera.
La Defensoría del Pueblo continúa muy atenta a generar ese panorama, visibilizarlo para que las autoridades competentes tomen las medidas que sean necesarias para cumplir con las normas colombianas.
“Prodigar unos mínimos constitucionales que tienen que ver con la dignidad de estas personas. Seguiremos trabajando de la mano con el Ministerio Público, Personerías, Defensoría y Procuraduría en pro del mejoramiento de estas condiciones y nos comprometemos con toda la ciudadanía para seguir advirtiendo frente a las falencias institucionales que se presentan en este sentido”, indicó la defensora regional.
Diario del Huila intentó comunicarse con la Secretaría de Gobierno de Neiva para conocer qué acciones se han ido implementando para mitigar esta problemática que afecta a las personas privadas de la libertad, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no fue posible la comunicación.
