A través de mensajes de texto, al parecer, citaban a sus víctimas en zonas rurales de Pitalito, para supuestas reuniones y allí eran obligadas a pagar las exigencias económicas.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Muchachos del Pueblo’, que estarían involucrados en extorsiones a dueños de establecimientos comerciales y campesinos en zona rural de Pitalito (Huila).
Se trata de Jhon Fredi Sotelo y Karol Jaquelin Sabi Barrera, a quienes una fiscal de la Seccional Huila les imputó los delitos de concierto para delinquir, tentativa de extorsión y extorsión; ambas conductas agravadas; además de receptación; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; y utilización ilícita de redes de comunicaciones.
Los procesados no aceptaron los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Esta pareja, desde diciembre de 2024, vendría exigiendo entre 10 y 20 millones de pesos a sus víctimas, principalmente agricultores y empresarios de las veredas Ingali, San Francisco y Criollos de Pitalito.
Se evidenció que Sotelo y Sabi Barrera, a través de mensajes de texto, habrían citado a varias personas en zonas rurales del sector, para supuestas reuniones. Al llegar al lugar, eran obligadas a pagar las exigencias, a cambio de no atentar en contra de su vida y abandonar sus fincas.
Los imputados fueron capturados en flagrancia por uniformados del Gaula de la Policía Nacional, en Pitalito. Durante el operativo les fue incautada una motocicleta, un celular, un proveedor, munición de diferente calibre y una granada de uso privativo de las fuerzas militares.
WAGG/LMFO/AMCJ/MLC/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
