Al acoger la solicitud de la Fiscalía y avalar el material probatorio presentado durante las audiencias concentradas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Carlos Andrés Giraldo Burgos, dentro de un proceso penal que se adelanta por la muerte del disc jockey, Anyelo Antonio Torres Orozco.
El ente investigador le imputó cargos a Giraldo Burgos como presunto autor material del delito de homicidio, al cual no se allanó.
Los hechos por los cuales el hombre fue judicializado ocurrieron el pasado 21 de junio, cuando la víctima salió de la discoteca donde laboraba, ubicada en el barrio Belalcázar y, estando en la entrada del establecimiento con algunos amigos, llegó le hoy procesado, quien al parecer le pidió dinero para comprar licor.
De acuerdo con las declaraciones de varios testigos, el Dj le indicó al hombre que no tenía dinero y le pidió que se retirara del lugar; sin embargo, Giraldo Burgos al parecer sacó un arma cortopunzante y le propinó una puñalada en el tórax.
El presunto agresor huyó del lugar y la víctima fue auxiliada por las personas con las que departía, siendo trasladada a un hospital local, donde falleció por la gravedad de la herida recibida.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a procesado en un céntrico sector de Yumbo, mediante una orden judicial.
Al momento de la detención y tras revisar los sistemas de información, se evidenció que el hombre registra dos anotaciones judiciales, en calidad de indiciado, por los delitos de homicidio agravado, y tráfico, fabricación, y porte de estupefacientes.
La Fiscalía habla con resultados
JGPV/DR/DLBM.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
