En audiencias preliminares ante jueces con funciones de control de garantías de Chiquinquirá (Boyacá), la Fiscalía imputó cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado a cinco adultos. Todos fueron enviados a prisión como medida de aseguramiento.
Los mismos cargos le fueron enrostrados a una mujer quien para la época de los hechos tenía 17 años de edad; circunstancia por la cual fue judicializada como menor y cobijada con medida de internamiento preventivo.
Los procesados harían parte de la red narcotraficante Los Fruteros, supuestamente, responsable de distribuir estupefacientes en los municipios de Briseño y Tununguá (Boyacá).
El material probatorio evidenció cómo los imputados comercializarían dosis de marihuana y derivados de cocaína en pequeñas cantidades. Según la investigación, la venta de las sustancias ilegales se concretaría través de llamadas telefónicas; siendo las entregas enviadas a domicilio, en parques y lugares públicos de los referidos municipios.
Los Fruteros, presuntamente, utilizaban como fachada un negocio de venta de frutas en el municipio de Briseño. Desde allí se coordinaría la distribución de los alucinógenos, además de servir como centro de acopio de la sustancia ilegal.
La judicialización de los procesados fue realizada luego de que la Fiscalía estableciera que esta red, presuntamente, estaría delinquiendo desde enero de 2020. Cinco allanamientos permitieron la captura de los procesados además de incautar estupefacientes listos para la venta, equipos de comunicación y una motocicleta.
Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en la conducta punible atribuida por la Fiscalía.
La Fiscalía habla con resultados
MRB/MAGA/MAC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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