Las víctimas estarían en los departamentos de Huila, Córdoba, Antioquia y Caquetá.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luz Elena Ámbito Conde y a Luisa Fernanda Bejarano López como presuntas responsables del delito de extorsión agravada, en el que habrían incurrido en noviembre de 2019.
Según las denuncias recibidas por cuatro víctimas, las hoy procesadas realizaban llamadas telefónicas para exigir dinero identificándose como integrantes de las disidencias de las FARC o de la columna móvil. Igualmente las convocaban a reuniones. Y si no asistían las obligaban a pagar una cuota, a entregarles munición calibre 9 mm o medicamentos de difícil acceso.
Los afectados, que residen en los departamentos de Huila, Córdoba, Antioquia y Caquetá, debían consignar a una cuenta de ahorros o hacer giros a nombre de las hoy judicializadas, de lo contrario serían declarados objetivo militar.
Según labores investigativas adelantadas hasta el momento, las hoy capturadas pertenecerían a una organización creada desde el interior de la cárcel de Cómbita (Boyacá).
Miembros del CTI Huila, con apoyo del Gaula Militar, hicieron efectivas las capturas de Ámbito Conde en Sevilla (Valle del Cauca) y de Bejarano López en Villavicencio (Meta).
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para las investigadas, pero un juez con función de control de garantías impuso medida no privativa de la libertad con la obligación de someterse a vigilancia electrónica por parte del Inpec y comparecer al proceso investigativo.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
LMGM /CFG/EAP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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