En resumen
- El Senado de Colombia aprobó la ley de sometimiento con 57 votos a favor y 24 en contra.
- La Cámara de Representantes debe aprobar el texto a más tardar el miércoles 4 de noviembre, cuando vence el plazo para prorrogar la ley de orden público que sustenta la iniciativa.
- Los integrantes de base de las estructuras criminales podrán acceder a una reducción de pena del 50 % y los cabecillas del 30 %.
- Las penas para quienes ejerzan roles de mando no podrán ser inferiores a 10 años y los condenados por reclutamiento de menores quedarán excluidos del tratamiento penal diferenciado.
- La ley quedaría vigente por cuatro años, no devuelve dinero y mantiene las órdenes de extradición.
El Senado de Colombia aprobó la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella con 57 votos a favor y 24 en contra. El proyecto, que reemplaza la “paz total” de Gustavo Petro, aún debe superar su último debate en la Cámara de Representantes, con plazo máximo el miércoles 4 de noviembre.
¿Qué falta para que la ley de sometimiento sea ley?
La Cámara de Representantes debe aprobar el texto en su último debate. Si la corporación aprueba una versión distinta a la del Senado, las dos cámaras tendrán que conciliar sus textos, lo que reduce todavía más el margen de tiempo. La premura tiene una razón concreta: el miércoles 4 de noviembre vence el plazo para prorrogar la ley marco sobre la cual está sustentada la iniciativa, la llamada “ley de orden público”.
El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático y coordinador ponente de la iniciativa, afirmó: “Hoy el Senado le ha cumplido a Colombia en un nuevo enfoque a la hora de enfrentar los retos de seguridad”. Iván Cancino, ministro de Justicia y ministro del Interior encargado —cartera que afrontó el relevo de Rodrigo Lara por Ordóñez en el Interior—, reconoció que falta la mitad del trámite: “Algunas proposiciones se acogieron, otras no; voy para la Cámara de Representantes, falta un paso”.
¿Cómo quedó el texto aprobado por el Senado?
En lugar de mesas de negociación, el Estado plantea una oferta unilateral de sometimiento con dos etapas. En la primera, el Gobierno recibe la lista de integrantes y verifica compromisos: dejar las armas, liberar secuestrados y menores reclutados, entregar el inventario absoluto de bienes, revelar las finanzas e informar sobre desaparecidos y minas antipersona. La judicialización viene después.
El Senado fijó beneficios diferenciados según el rol dentro de la estructura criminal: los integrantes de base pueden acceder a una reducción del 50 % de la pena y los cabecillas del 30 %. Las penas para quienes ejerzan roles de mando no podrán ser inferiores a 10 años, y quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores quedarán fuera del tratamiento penal diferenciado. Para acceder al beneficio en casos de lavado de activos, la pena exigida subió de uno a seis años.
Durante el proceso no se suspenden las órdenes de captura ni las extradiciones, y no se devolverá dinero. Los bienes incautados se destinarán prioritariamente a las víctimas, y las rebajas de pena no eliminan las inhabilidades políticas. Se contemplan descuentos de un día de pena por cada jornada de trabajo en programas restaurativos, erradicación manual o desminado. Departamentos y municipios no asumirán cargas derivadas del sometimiento: la coordinación estará a cargo del Ministerio de Justicia.
¿Por qué se enredó la discusión en la Cámara?
La sesión del martes arrancó con una serie de recusaciones contra congresistas de La U, el Pacto Histórico y el Partido Liberal, solicitudes para que se aparten de la votación por posibles conflictos de interés o circunstancias que pongan en duda su imparcialidad. El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, del Partido Conservador, dijo: “Aquí la Mesa Directiva no va a caer en el jueguito de las recusaciones”, y anunció que trasladó las solicitudes a la Comisión de Ética sin suspender ni cancelar la plenaria.
En la corporación también se planteó acoger el texto ya aprobado por el Senado, con lo que se ahorraría el paso de la conciliación. Para evitar que el trámite se vicie, como ocurrió con el trámite del presupuesto general de 2027, se requiere primero publicar lo aprobado en el diario oficial, luego presentar la proposición de acogerlo y finalmente debatirlo y aprobarlo en la Cámara.
¿Cuánto regirá la ley y qué pasa con las extradiciones?
La ley quedaría vigente por cuatro años y no por diez, como se había propuesto inicialmente. Las órdenes de extradición se mantienen y tampoco se suspenden las órdenes de captura mientras avanza el proceso. El texto definitivo aún no existe: depende de lo que ocurra en la plenaria de la Cámara de Representantes antes del 4 de noviembre.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos votos obtuvo la ley de sometimiento en el Senado?
La plenaria del Senado aprobó el proyecto con 57 votos a favor y 24 en contra.
¿Qué le falta al proyecto de ley de sometimiento para ser ley?
Debe superar su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y, si esa corporación aprueba un texto distinto al del Senado, las dos cámaras tendrán que conciliar sus versiones.
¿Por qué el Gobierno tiene afán para aprobar la ley de sometimiento?
Porque el miércoles 4 de noviembre vence el plazo para prorrogar la ley de orden público, la norma marco sobre la cual está sustentada la iniciativa.
¿Se suspenden las extradiciones con la ley de sometimiento?
No. El texto aprobado por el Senado mantiene vigentes las órdenes de extradición y tampoco suspende las órdenes de captura durante el proceso.
Con información de El Colombiano.
Imagen de referencia, no corresponde a los hechos narrados. City Street — Zachary Staines / Wikimedia Commons (CC0 1.0)