Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación fueron suficientes para que dos jueces con función de control de garantías, en hechos aislados, aseguraran preventivamente a cuatro de personas presuntas responsables del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego.
La primera medida afectó a María Alejandra Urbano Martínez y a Javier Hernán Bernate Ortega, a quienes también se les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, luego de que fueran capturadas el 27 de diciembre de 2021, en un allanamiento que se realizó a una vivienda en el corregimiento de San Pedro, jurisdicción del municipio de Colón (Putumayo), donde presuntamente expendían alucinógenos.
Durante la diligencia le fueron incautados estupefacientes y 1 arma de fuego. La privación de la libertad de estas dos personas se llevará a cabo en la cárcel de Pitalito (Huila).
La segunda investigación involucra a Javier Andrés Montealegre Golondrino y a Yoldy Suleima Anacona Samboni, por los hechos ocurridos el pasado 23 de diciembre de 2021, en el municipio de Villagarzón (Putumayo), donde los imputados fueron capturados por la Policía Nacional en momentos en que presuntamente transportaban en un vehículo, 2 armas de fuego tipo revólver 38, 17 municiones calibre 38 y dinero en efectivo.
Por disposición del juez, la mujer deberá cumplir su medida en la cárcel de Pitalito (Huila) y Montealegre Golondrino en su lugar de domicilio.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
MEVA/MG/DV/OO
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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