Una pareja identificada como Eider Stiven Riascos Rodríguez y María Patricia Ortiz Alois fueron enviados a la cárcel como presuntos responsables de portar un arma de fuego tipo revólver y, supuestamente, ofrecer dinero a las autoridades para evitar ser capturados en el municipio de Barbacoas (Nariño).
Así lo decidió un juez de control de garantías luego de acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, luego de la captura en flagrancia en un puesto de control de la Policía y el Ejército Nacional, en una vía pública del municipio en mención.
Según la Fiscalía, la pareja transitaba por una vía pública de esa localidad, y ante la presencia de las autoridades Riascos Rodríguez habría entregado un maletín a Ortiz Alois, de manera sospechosa. Cuando se procedió a constatar que había en el interior del mismo, encontraron un arma de fuego tipo revólver, calibre 38 con 2 cartuchos en el tambor, por lo que fueron capturados en flagrancia. Asimismo, al parecer, habría ofrecido un millón de pesos a las autoridades para que no efectuaran la captura.
La Fiscalía le imputó cargos a Riascos Rodríguez los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; así como cohecho por dar u ofrecer. Sólo aceptó los cargos por el porte ilegal de armas de fuego.
Entre tanto, a Ortiz Alois la Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, el cual no aceptó.
El juez determinó que los presuntos implicados deben cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía habla con resultados
MAP/LV/CFG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
