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Luego de meses de evaluar las pruebas y tomar declaraciones, la decisión es en primera instancia con una sanción que supera los 100 millones de pesos contra el exsecretario de seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas.
Noticias de Cali.
En julio de 2021, la Fiscalía General de la Nación citó a audiencia pública al exsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, por “presunta omisión de funciones para atender la contingencia de seguridad ciudadana ocurrida durante el paro nacional”. El 25 de enero, determinó en primera instancia, que era responsable de los daños y problemas generados en las protestas.
Esta encuesta no menciona a ninguna víctima en particular en términos de grupos de personas.
En otras palabras, no indica si las personas en cuestión son los manifestantes o los ciudadanos que no apoyan las manifestaciones o similares.
Eso significaría que la sanción es por cesión a la ciudad en general, y por tanto comprende también a todas las partes.
La regla de 25 hojas, menciona lo sucedido entre el 28 de abril y todo el mes de mayo, y cómo, las protestas y la violencia escalaban a diario.
Según la Procuraduría General de la República, Rojas está «a cargo de los asuntos disciplinarios».
Explican en el extenso documento que no tomó «decisiones vinculantes ante la grave situación de orden público que vivía la sociedad californiana, y a pesar de las claras indicaciones de su jefe inmediato, el alcalde municipal (distrito, Jorge Iván Ospina) respecto el previo y oportuno acercamiento con los líderes de las manifestaciones del Paro Nacional, tendiente a atenuar futuras intervenciones violentas”.
Cuestionan que “sólo se dedicó a asistir y convocar al puesto de mando unificado, presentando estadísticas sobre la grave situación que se presentaba, sin realizar ninguna labor drástica para contener la marea de violencia”.
Los actos de vandalismo «cada día eran peores».
Solo reuniones y PMU pero acciones, ‘poco’
Para definir esta falla se evaluaron reuniones del Puesto de Mando Unificado y otras reuniones con las autoridades, durante más de 15 días.
El acta, más de 30, demostraría que de poco sirvieron estos encuentros para actuar frente a lo que estaba pasando.
Hubo daño social por conducta, vulneración de derechos fundamentales, no se restableció a tiempo el orden.
En este caso, “se han visto afectados estos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libre circulación, a la reunión pacífica ya la propiedad”.
Según la Fiscalía General de la Nación, el exsecretario desoyó “instrucciones y recomendaciones establecidas, que tenían como objetivo determinar estrategias para la seguridad ciudadana, la convivencia y el trabajo de inteligencia”.
Esta decisión no permitió “identificar la participación de individuos con intereses violentos fuera de las manifestaciones”.
- No se detectaron a tiempo “lugares de riesgo, ubicación de equipos de movilización y coordinación con organismos de seguridad”.
La decisión dice: “Tampoco brindó a los ciudadanos el apoyo de seguridad requerido y, contrario a esto, autorizó sin excepción manifestaciones violentas, graves actos de vandalismo contra la propiedad pública y privada, escasez de alimentos y combustible”.
omisiones
Es decir Entre las muchas omisiones, se destacan las siguientes:
- No respetó la instrucción dada por el alcalde, y no se coordinaron las estrategias de seguridad ciudadana y convivencia.
- Tampoco han realizado labores de inteligencia para identificar la existencia de intereses por parte de grupos para violar las manifestaciones o generar actos de violencia.
Con dureza, determinan que la actuación de Rojas desde su cargo “se redujo a informar y contar la situación de orden público, sin adelantar su propia actuación”.
En este orden de ideas, la vulneración de sus funciones se refleja no sólo en lo que consta en las actas, sino también en la cantidad de días durante los cuales la ciudad fue sometida a desmanes, actos de vandalismo, etc.
En el caso de las estaciones de servicio, señalan que hubo negligencia.
La Procuraduría General de la República encontró negligencia para remediar, entre otras cosas, los destrozos y daños en gasolineras de la ciudad.
Y ellos también se preguntan, porque eran lugares de alto riesgo y no estaban debidamente protegidos.
Cabe recordar que parte de las acciones policiales, y el despliegue del llamado “acompañamiento militar” en Cali, también fueron gestionadas durante varios días, desde el Ministerio de Defensa y la cúpula militar y policial, con el apoyo de la Presidencia de la República.
Por lo que la oficina del fiscal general decidió sancionarlo.
Responsable
«Declarar administrador disciplinario» al señor Rojas, “de FALTA GRAVE POR EL TÍTULO DE FALTA GRAVE contenida en los artículos 34 numeral 1 y 35 numeral 1 de la ley 734 de 2002”.
En vista de lo anterior, “imponer como sanción la SUSPENSIÓN sancionada por un plazo de DIEZ (10) MESES, en atención a las razones señaladas en el considerando de la presente resolución”.
El exsecretario Rojas ya fue informado de la decisión.
El documento.
La sanción y la declaración de responsabilidad.
Sin embargo, dado que “fue relevado de su cargo durante los meses anteriores, la suspensión pasará a ser de diez (10) meses de salario devengado al momento de la comisión de los hechos ocurridos en el período del año 2021, siendo la suma de ciento treinta y cinco millones cuatrocientos siete mil ochocientos diez pesos moneda corriente ($135,407,810)”.
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