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Daniel Alejandro Rodríguez Dorado fue enviado a prisión como presunto responsable de alquilar armas de fuego y elementos de uso privativo de las Fuerzas Armadas a grupos que luego usaban dichos elementos para cometer delitos en Popayán (Cauca).
La determinación fue adoptada por un juez de control de garantías de Popayán luego de acoger la solicitud que en tal sentido propuso la Fiscalía General de la Nación. Rodríguez está siendo investigado por delitos como fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y utilización ilegal de uniformes e insignias.
Una diligencia de registro y allanamiento adelantada por personal de la Sijin de la Policía Nacional, y ordenada por un fiscal de la Seccional Cauca a una vivienda del barrio Villa Elena de la capital caucana permitió incautar dos revólveres calibre 38, un pistola 9mm, un arma traumática, 44 cartuchos 9mm, un proveedor 5.56 mm, 40 cartuchos 5.56mm, tres cargas rápida de revolver, un empuñadura para revolver; además de granadas de fragmentación, de aturdimiento y lacrimógenas.
También fueron encontrados dos chalecos balístico verdes y dos esposas metálicas S&W, una chaqueta reflectiva policial, buso policial y uno militar; además de una guerrera N°4, entre otros elementos.
Las autoridades capturaron en flagrancia a Rodríguez Dorado quien fue enviado con medida de aseguramiento en centro carcelario por un juez de control de garantías.
La Fiscalía habla con resultados
MAP/MAGA/GAMM/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
