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Según la investigación, los imputados socavaron la seguridad de zonas como Coveñas, Santiago de Tolú, San Onofre y Toluviejo.
Un juez con funciones de control de garantías acogió el pedido y las pruebas presentadas por un fiscal especializado de la Seccional Sucre y dictó medida de aseguramiento, ocho intramuros y seis domiciliarios, contra 14 presuntos integrantes de una organización al servicio del Clan del Golfo. Trece de ellos fueron capturados por orden judicial y uno en flagrante delito.
Los imputados no accedieron a los cargos de concierto para delinquir agravado de extorsión y homicidio, que les imputó la Fiscalía.
Según el ente investigador, los imputados tenían su zona de injerencia en Coveñas, Santiago de Tolú, San Onofre, Toluviejo y colonias como Puerto Viejo y La Arena, donde al parecer extorsionaban a comerciantes y campesinos para no afectarlos en el desarrollo de su trabajo.
Los asegurados en el establecimiento penitenciario son Cristian Emiro Martínez Berrío, Fabián Sierra Chadid, Jorge Leonardo Orozco Martínez; Nalfer Sotomayor Castellano, Yan Carlos Guerrero Balseiro, Juan Carlos Revollo Paternina, José Francisco Berna Correa and Natividad Rivera Wilches.
Por su parte, se impuso medida privativa de libertad en su lugar de residencia a Maicol Jaison Castillo Villegas, Angelica Patricia Cuello Madera, Marcelina Madith Huertas Acosta, Jesus David Meza Barboza, Elkin De Jesús Narváez Sierra y Francisco Rafael Correa Gómez.
Los imputados fueron capturados el 24 de febrero por agentes de la Policía del Gaula. Durante los operativos de allanamiento se incautó una granada de fragmentación, un revólver calibre 38 y 6 teléfonos móviles.
Procuraduría General de la República habla con resultados
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VHB/FAGH/AR
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7 de la Ley 906 de 2004.
